Con la presentación del Presupuesto 2025, un compendio de cifras incumplibles con el cerrojo fiscal como única certeza, queda claro para muchos que el ajuste no se negocia y para pocos que seguirá el esquema de beneficios del que se sirven gracias a ese ajuste.
La educación, la salud, los jubilados y las pequeñas y medianas empresas están en la primera lista y seguirán sobreviviendo en un contexto recesivo con drástica caída del consumo y aumento permanente de la pobreza.
En la otra lista, la de los beneficios, se ubican, por ejemplo, los rubros ligados a la especulación financiera y los que, directamente, no pagan impuestos o tienen fuertes exenciones. Y es que de la lectura del Presupuesto 2025 surge que no hay nada referido a avanzar con gravámenes a los que tienen capacidad contributiva para mejorar los ingresos públicos. Tales los casos de las empresas ensambladoras de Tierra del Fuego (cuesta el 0,33% del PBI), y decenas de otras actividades.
Entre los economistas se habla de un verdadero “agujero negro” impositivo que verá la luz cuando se debata en el Congreso.
El sitio informativo iProfesional logró que respondieran un pedido de Acceso a la Información de iProfesional para conocer el monto exacto de todas las exenciones de impuestos a distintos sectores privilegiados.
Los datos son llamativos tratándose de un Gobierno que no deja ingreso sin escudriñar y salida sin cerrar. Son más de 28.000 millones de dólares, que equivalen al 4,72% del PBI. Cada punto del PBI implica 6000 millones de dólares, en un producto total de 600.000 millones, según los principales de economía del mercado.
Ensambladoras de Tierra del Fuego, mineras, tenedores de ADRs, títulos, acciones, dividendos de directorios, plataformas digitales, reintegros de exportadores, depósitos bancarios, sociedades de garantía recíproca, autopartistas, jueces y propietarios de bienes inmuebles rurales, entre otros, escapan a la voracidad del Estado y no sentirán el rigor total de la motosierra y la licuadora.
