Tras la aprobación esta madrugada de la Ley de Financiamiento Universitario con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Cristian Garrido, advirtió que si el Gobierno la veta, la comunidad universitaria se movilizará en defensa de la educación pública. “Si eso sucede (por el veto), seguramente la comunidad universitaria saldrá a las calles, como lo hizo en abril”, afirmó Garrido.
Durante la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que el presidente Javier Milei tiene en evaluación el veto a dicha norma.
La Ley de Financiamiento Universitario, que tiene como objetivo garantizar la continuidad del funcionamiento del sistema universitario público argentino, establece varios puntos que deberá cumplir el Gobierno nacional como por ejemplo:
- Actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales.
- Recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo.
- Desde el mes siguiente a la sanción de la norma y hasta el 31 de diciembre del 2024 se deberán actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC
- Se debe garantizar la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.
“Es una ley que viene a blindar y garantizar la continuidad del funcionamiento del sistema universitario público”, explicó el decano.
Garrido también detalló que la ley es una respuesta a la emergencia que enfrenta el sistema universitario, donde a pesar de algunos incrementos logrados este año, solo se ha cubierto entre un 10% y un 15% del presupuesto total necesario. “Las cuestiones vinculadas a los salarios y a la infraestructura universitaria siguen siendo un reclamo constante por parte de los gremios y trabajadores de la universidad pública”, indicó.
El decano resaltó la importancia de la norma para permitir una previsibilidad en la ejecución presupuestaria y proyectar el crecimiento de las universidades públicas. “Esperamos que esta ley permita retomar proyectos de infraestructura, como la construcción de un nuevo edificio para la Facultad en el campus universitario y continuar con las actividades de formación, investigación y extensión”, señaló.
Sin embargo, el Gobierno nacional anticipó su intención de vetar la ley, argumentando que podría poner en riesgo el superávit fiscal. Ante esta situación, Garrido enfatizó que, de concretarse el veto, “seguramente habrá manifestaciones muy contundentes”. La comunidad universitaria ya protagonizó en abril una gran marcha para reclamar un mayor presupuesto, que movilizó a miles de personas en defensa de la educación pública.
En cuanto a la situación actual de la Facultad de Humanidades, Garrido explicó que, aunque la institución sigue funcionando plenamente desde el inicio de clases en abril, tuvieron que realizar ajustes. “Hemos tenido que resignar algunas cuestiones, como la seguridad del edificio, donde solo mantenemos una guardia nocturna, y reducir el servicio de limpieza”, detalló. A pesar de estas dificultades, destacó el fuerte compromiso de la comunidad universitaria para garantizar el normal dictado de clases.
El decano también señaló la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores universitarios. “Se estima que desde diciembre hemos perdido cerca del 60% del poder adquisitivo, siendo uno de los sectores del Estado con menores incrementos salariales”, explicó. En este contexto, Garrido subrayó que, si bien continuarán garantizando el dictado de clases, la incertidumbre sobre los recursos para sostener el pleno funcionamiento de la universidad sigue presente.
“Nosotros seguiremos garantizando el dictado de clases como lo hemos hecho durante todo el año, pero esperamos que esta ley nos dé la previsibilidad que necesitamos para continuar funcionando y expandir nuestras políticas de bienestar estudiantil, que son fundamentales para asegurar la permanencia de nuestros estudiantes en la universidad”, concluyó el Decano.
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