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Con amplia mayoría, la Legislatura aprobó la adhesión de Misiones al blanqueo de capitales

El proyecto había sido girado a la Cámara por el gobernador, Hugo Passalacqua, al que se le sumó uno similar de la radical Lilian Torres. Tuvo el acompañamiento de casi todos los diputados presentes, con excepción de los dos legisladores del PAyS. Apuntan a que la iniciativa incremente los fondos coparticipables.

12 septiembre, 2024

Tras formalizar la expulsión de Germán Kiczka, y con el apoyo del oficialismo y gran parte la oposición, la Legislatura de Misiones aprobó la adhesión al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno nacional, en un intento por generar recursos coparticipables para la provincia.

La iniciativa fue girada la Cámara de Representantes a finales de la semana pasadas por el gobernador, Hugo Passalacqua, quien pidió eximir a los “perdonados” en repatriar capitales del pago de Ingresos Brutos, hasta el 30 de abril de 2025 con pedido de facultades para una prórroga. A este texto, se le sumó otra de la diputada radical Lilian Torres.

El dictamen tuvo el acompañamiento de los legisladores renovadores y de Juntos por el Cambio. Sin embargo, fue rechazado por Cristian Castro y Blanca Álvez que componen el bloque del Frente Agrario y Social (PAyS), hoy la fuerza más representativa del peronismo kirchnerista en la Legislatura.

De esta manera, la tierra colorada se convirtió en la octava provincia del país en adherir Ley Nacional N° 27.743, de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, denominado Régimen de Regularización de Activos.

El miembro informante, José Luis Pastori, recordó que la medida estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, con pedido de facultades para el Ejecutivo provincial de realizar una prórroga.

Además, resaltó que existe una diferencia con la última ley de blanqueo de 2018 y es que en esta oportunidad, el blanqueo es coparticipable por lo que aumentaría los recursos de la provincia.

A su turno, Torres indicó que este proyecto busca “facilitar la regularización de activos, mejorar la recaudación fiscal asegurando una mayor coherencia y armonización entre las normativas que existen entre Nación y Provincia”. “Beneficia tanto a los contribuyentes, como a las arcas de las provincias”, agregó.

Esta medida fue un pedido del presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en una entrevista con FM 89.3 de las Misiones, el mes pasado. En la misma nota, Alfredo González sostuvo que “de nada sirve tener una Ley de Blanqueo nacional y en las provincias que cobren tributos municipales y provinciales”.

Con la normativa de la Legislatura, los Municipios podrán hacer lo mismo para eximir del pago de tasas a los que opten por el blanqueo sancionado por el Congreso nacional.

 

El proyecto

Cabe destacar que, la adhesión al blanqueo. alcanza a los sujetos residentes fiscales en el país al 31 de diciembre de 2023 y las personas humanas no residentes que hubieran sido residentes fiscales en el país antes de esa fecha.

En su texto, Passalacqua explicó que “el citado Régimen está dividido en tres etapas, contemplándose para cada una de ellas el periodo para realizar la manifestación de adhesión, el pago adelantado obligatorio, la presentación de la declaración jurada, el pago del impuesto especial de regularización y la alícuota aplicable”.

Además, señaló que “contempla supuestos especiales de exclusión de la base imponible y pago del impuesto especial de regularización, para el dinero en efectivo en el país y en el exterior, para el dinero depositado en cuentas bancarias del exterior y títulos valores depositados en entidades del exterior, los cuales quedan sujetos a las reglas especiales establecidas en la citada norma”.

Cabe remarcar que el artículo 42 de la Ley 27.743 invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, “adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.

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Tags: BlanqueoCámara de RepresentantesGermán KiczkaLegislatura misionera
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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