El presidente Javier Milei vetó la ley de reforma jubilatoria que se había aprobado la semana anterior en el Congreso. El mandatario ya estampó su rúbrica en la noche de este viernes, aunque recién el lunes se publicará su resolución en el Boletín Oficial.
En el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”. Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Entre los datos numéricos del impacto de la medida, se indica que asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Son importes que para el Gobierno “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Respecto del gasto previsional de la ANSeS, dichos importes, estimó el Gobierno, representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
“La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, explicaron. Y recordaron que el objetivo primordial para el primer año de gobierno liberal es evitar la emisión monetaria, al igual que mantener el déficit cero y frenar la crisis inflacionaria.
Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.
Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.
Uno de los apartados que fue puesto bajo la lupa se trató del artículo N°3, en el que se plasmó la intención de otorgar un aumento adicional correspondiente al desfasaje que habría ocurrido en enero de este año por el índice de inflación registrado. El mismo despertó una fuerte negativa, puesto que recordaron que las variaciones económicas fueron compensadas en el cálculo de movilidad que se realizó en junio.
Otro de los errores técnicos que llevaron a que el Gobierno rechazara la iniciativa fue la decisión de tomar a la Canasta Básica Total (CBT) como indicador clave para calcular las actualizaciones. Principalmente, porque el INDEC elabora el índice a partir de las necesidades que presentaría un hombre de entre 30 y 60 años, cuando las jubilaciones son percibidas por hombres y mujeres de 60 años en adelante.
Como se preveía, Milei firmó el decreto luego de haberse reunido en la Casa Rosada con los bloques de diputados dialoguistas, quienes le dieron su respaldo para el veto. En el encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.
Durante la reunión, el Presidente se entrevistó primero con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita “ampliada” con el resto de los legisladores que integran esas bancas.
Fuentes oficiales indicaron a esta agencia que Milei detalló ante los legisladores los motivos del veto y buscó garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.
De esta manera, el mandatario logró sumar los respaldos necesarios de la oposición dialoguista para contrarrestar las intenciones de algunos bloques parlamentarios de mantener firme la actualización jubilatoria después del anuncio de la impugnación.
Fuente: Agencia de Noticias NA y Medios Digitales
