La Universidad Católica Argentina advirtió ayer que 6 de cada 10 niños y adolescentes en Argentina son pobres. La UNICEF aseguró un día antes que entre 1 millón y 1,1 millones de niñas y niños tienen que saltarse comidas de forma diaria por falta de dinero en sus familias para alimentos.
Esa dura realidad tuvo también un dato que poco aporta a contener a la infancia argentina en la crisis social. Lo reveló la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ): la “motosierra” del presidente Javier Milei “podó” un 18% de fondos destinados a políticas sociales para niños, niñas y adolescentes, comparando el presupuesto de 2023 con el que se está ejecutando en 2024.
Francisco Rodríguez, abogado del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de la ACIJ habló en el programa “Primera Plana” de FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero sobre el estudio que llevaron adelante y que buscará revertir las cifras durante el próximo análisis del presupuesto 2025 en el Congreso.
“Hablamos y analizamos siempre con datos oficiales: las partidas presupuestarias para Niñas, Niños y Adolescentes en este 2024 fue un 18% menor a 2023; y desde 2021 es el presupuesto más bajo otorgado por el Estado a esta franja de la sociedad”, sentenció.
Advirtió que “la situación es gravísima y, tal como lo hace saber UNICEF, más de un millón de niñas y niños se saltean comidas en forma diaria en Argentina, con familias con graves problemas para acceder a los alimentos; otro dato es que en hogares donde viven más de 7 millones de familias con niñas y niños se dejó de comprar leche, carne; y en 6 de cada 10 hogares donde viven niños y niñas piden plata prestada, dejaron de comprar medicamentos y no llevan a sus hijos al médico ya que ese dinero va a la alimentación. Por ello, esta crisis en las infancias, está en su peor momento desde que se mide la pobreza infantil de 0 a 17 años, un método puesto en práctica desde 2018. Pero el punto es que los niveles de pobreza y de indigencia infantil están en sus niveles más altos”.
Hay un dato positivo del relevamiento presupuestario de la ACIJ: ante este “negro panorama”, la Asignación Universal por Hijo (AUH) “es la política priorizada y tiene un 48% más (de recursos) que el año pasado”.
Los principales recortes
Se pueden mencionar tres ejemplos donde la “motosierra” más impactó al momento de ejecutarse el presupuesto nacional.
• Las políticas alimentarias (incluyendo la Prestación Alimentar) disminuyen un 29% respecto de 2023.
• Los programas de educación son un 43,7% menores al año pasado.
• El programa Abordaje de Curso de Vida, el principal en materia de salud, es 12 veces inferior a lo ejecutado en 2021 y un 50% menos que lo ejecutado en 2023.
Sobre este último punto, Rodríguez de ACIJ indicó que el recorte incluyó planes como “1.000 días”, otros de salud infantil, de adolescencia y hasta de nutrición. “Es un programa que ha sufrido un ajuste brutal y, en los primeros seis meses del año, se ejecutó solo el 13%: 810 millones sobre más de 6 mil millones. Es muy preocupante”, indicó.
En el caso de Educación, “vemos programas como ESI, Reinserción Escolar o Nivel Inicial se ejecutó el cero por ciento, nada, cero recursos destinaron a esos. Y los terminaron destinando a voucher escolares (para escuelas de gestión privada) y otro tipo de políticas”.
Rodríguez aseguró que se observa “un escenario muy preocupante en lo alimentario, en salud y educación para NNyA”.
Objetivo 2025
El dirigente de la ACIJ aseguró que se presentarán en las comisiones donde se vaya a debatir el proyecto de presupuesto nacional para 2025 en el Congreso. Será la forma de buscar revertir estos números que impactan negativamente en las infancias y adolescencia.
“Lo primero es generar conciencia de lo que está sucediendo. Luego, en el Congreso nacional, iremos a la Comisión de Niñez que viene organizando reuniones desde hace cuatro años en forma continua con organizaciones como UNICEF y otras que intervenimos para ampliar el presupuesto destinado a NNyA. Esas son las herramientas institucionales que tenemos. Los representantes parlamentarios son los que deben modificar esta situación. Y desde ACIJ iremos a hacer notar estos recortes. En algunos casos, en el Congreso entienden los planteos y modifican el presupuesto que envía el Ejecutivo”.
“Definitivamente es una decisión política”, concluyó Rodríguez.
Los recortes “no deberían hacerse sobre las políticas para los niños”
Frente al recorte presupuestario, Francisco Rodríguez, abogado e integrante del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), fue consultado en FM 89.3 Santa María de las Misiones si la decisión del Gobierno nacional estaba motorizado por una cuestión ideológica o por el afán de llegar al déficit cero a cualquier costo.
“Sobre la primera cuestión, hay un percepción o prejuicio de que las familias con el dinero del Estado lo utilizan para otra cosa. Lo cierto es que todos los estudios empíricos, sin importar el Gobierno que se trate, indicaron que las familias -que en general suelen ser las madres las que utilizan ese dinero- dedican en un amplísimo porcentaje para la alimentación, la educación, la vestimenta o la vivienda de sus hijos”, aseveró.
En ese sentido, sostuvo que “los recursos que el Estado destina a la AUH funcionan muy bien porque se utilizan de forma adecuada. Basta decir que el Gobierno del presidente Milei aumentó los recursos para la AUH, siendo la única política grande que ha aumentado, y eso significa que no hay una percepción tan negativa de este tipo de población beneficiaria”.
Por eso, para Rodríguez, la decisión política pasó por el déficit cero. “Las políticas alimentarias cayeron a su nivel más bajo en los últimos 20 años y es un poco por la lógica de la ‘motosierra’ que no consideró otros espacios donde el Estado podría hacerse de los recursos. Por ejemplo, los directores de sociedades anónimas no pagan IVA cuando tienen altísimos ingresos y podrían pagarlo. Otro caso: bienes personales a grandes estancias rurales que no lo pagan. El Poder Judicial federal y el de CABA no paga Ganancias pese a los altos salarios que tienen los magistrados y magistradas”, indicó.
Rodríguez pidió que si bien “hay un punto donde cada Poder Ejecutivo puede determinar su política económica”, los recortes “no deberían hacerse especialmente sobre los niños. Lo dice la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la Ley de Protección a NNyA que establecieron que los recursos presupuestarios nunca deben ser menores a los destinados en años anteriores y nunca pueden destinarse a otros objetivos que los originales. Hay una serie de razones que no son justificables por parte del Gobierno, ya que se evita generar más ingresos con impuestos a grupos de mayores ingresos y, este contexto con los datos de UCA y UNICEF, marcan que no para de subir la pobreza”.
