Ignacio Raúl Peña, abogado representante de la familia del prestamista colombiano Gustavo Rojas Gallego –asesinado el 27 de febrero de 2021 en el barrio Yacyretá de Posadas – fue atropellado por un automóvil durante la mañana de este martes en Posadas y el juicio oral en el Tribunal Penal 1, que debía iniciarse mañana, quedó pospuesto sujeto a la evolución del lesionado. Tenía fecha para el 14 de agosto a las 8.30 en la sala de audiencias del Tribunal Penal 1.
El siniestro vial se registró en el cruce de la avenida Corrientes y calle Marcelo T. de Alvear (continuación La Rioja en el sentido Este-Oeste de esta capital) y fue protagonizado por un Volkswagen Country conducido por un hombre de 32 años y policía de profesión que estaba de franco.
De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, Ignacio Peña cruzaba a pie la avenida sobre la senda peatonal cuento fue impactado. De acuerdo al médico legista de turno necesitará treinta días de reposo absoluto por los traumatismos en pelvis y piernas, principalmente.
La causa por el homicidio en ocasión de robo de Rojas Gallego tiene dos acusados: un misionero de 30 años, José Ramón Ramírez, y Brayan Damián Casso Acosta, ciudadano nacido en Colombia y vinculado a la misma actividad de la víctima fatal, la oferta y cobro de micropréstamos.
Fue elevada a debate por el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, bajo la acusación de “homicidio criminis causa y robo en concurso real”. O de manera simple: Rojas Gallego fue atacado en un asalto y ultimado porque conocía, al menos, a uno de sus agresores.
El debate, tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, quedó envuelto por el polémico beneficio que en mayo pasado, dos jueces del Tribunal Penal 1, le otorgaron al Casso Acosta (29), la prisión domiciliaria porque el vencimiento de la prisión preventiva, pero a pocas semanas del juicio y ante las circunstancias ampliamente favorables para profugarse y sin ninguno de los requisitos de su lado para una detención en una vivienda con tobillera electrónica que exige la ley.
De todas maneras, la semana pasada el TP-1 resolvió revocar el beneficio y Casso Acosta fue detenido nuevamente en la unidad de procesados.
Vale aclarar que a Ramírez, la excarcelación o prisión domiciliaria no le fue otorgada, y de los dos encartados, es el de menor responsabilidad.
La semana pasada se realizó una audiencia de visu en la que los dos acusados, defensores, querella y fiscal, analizaron un acuerdo de juicio abreviado, pero el patrocinio legal de Casso Acosta se opuso a que firmara una condena de 23 años de prisión. Situación opuesta expresó José Ramírez, quien aceptó 20 años de sentencia, pero el acuerdo exige la rúbrica de los dos imputados.
En el expediente hay elementos clave en contra de ambos acusados. Por ejemplo: un registro de ADN positivo en una mancha de sangre encontrada en la ropa secuestrada a Casso Acosta y que corresponde al patrón genético de Rojas Gallego.
Otro punto central está impreso y cosido a las fojas determinantes de este caso y corresponde al relato de José Ramírez, quien admitió haber participado y detalló las circunstancias y participación en el crimen.
Aportó días, horarios, personas, direcciones y movimientos que coinciden con las pruebas de los investigadores policiales.
Según la instrucción de la causa, ambos colombianos se conocían, Casso Acosta habría sido cobrador en la red de micropréstamos que Rojas Gallego realizaba de manera paralela con la venta ambulante de muebles económicos de madera por diversos barrios de Posadas.
Días antes del crimen, la víctima fatal discutió y prescindió del servicio del sospechoso porque este se habría quedado sin rendir varias cuotas que los clientes de Rojas Gallego saldaron en tiempo y forma.
De este incidente, testigos y allegados habrían señalado que derivaron las amenazas de muerte a Rojas Gallego por parte de Casso Acosta. La primera advertencia fue el robo de su motocicleta
