Ferrocarriles del Paraguay SA (FEPASA) decidió tomar posesión de la estación encarnacena del tren binacional que une a la vecina ciudad con Posadas y rescindir el contrato con Itapúa Logística SA.
En la jornada de ayer, una comitiva fiscal se presentó en las oficinas administrativas del Consorcio Itapúa Logística con el objetivo de obtener documentos que revelen la cantidad real de pasajeros transportados desde el año 2022 hasta el 2024. Además, buscó otros documentos que pudieran dar cuenta de situaciones lucrativas que no hubieran sido reportadas adecuadamente.
De esta manera, buscaban determinar la veracidad de los datos presentados por la empresa y verificar si coinciden con los registros oficiales. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Luján Estigarribia, quien lideró la comitiva que realizó la inspección en las oficinas. Durante el operativo se descubrió la existencia de un estacionamiento para motocicletas y automóviles en la estación, un hecho que no había sido mencionado anteriormente en los registros de FEPASA.
El síndico, Gerardo González, explicó a medios locales que la intervención forma parte de una investigación más amplia realizada por el directorio de FEPASA.
“Estamos haciendo una intervención en el marco de una investigación que hizo el directorio de FEPASA, en relación a ciertas situaciones que se han encontrado de la administración anterior. Una de ellas es el arrendamiento de la estación de trenes de Encarnación, al consorcio Itapúa Logística”, detalló.
Esta investigación se fundamentó en una auditoría realizada por la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la cual reveló varias inconsistencias entre las que se destacan las relacionadas con las rendiciones de cuentas, además de la explotación no autorizada de un estacionamiento para autos y motos.
“Se encontraron inconsistencias relacionadas a las rendiciones de cuentas, a la explotación de un estacionamiento que no estaba dentro de lo que establecía el contrato entre FEPASA y el Consorcio Itapúa Logística”, reiteró González.
Eladio Martínez, encargado de la estación de cargas de FEPASA, proporcionó detalles a PRIMERA EDICIÓN, sobre la situación actual. “El servicio de trenes sigue normal, estos cambios no afectan en nada a su funcionamiento, lo que hubo fue un allanamiento de una oficina de la que luego FEPASA tomó posesión. Lo que pasó con el Consorcio Itapúa Logística es que se le rescindió el contrato por incumplimiento”, ratificó.
Además, mencionó que los tres funcionarios del consorcio ya no trabajan en la estación y que, de forma provisional, el personal de la empresa Grupo Z estará a cargo de la estación.
Según González, esta investigación está relacionada con el área de Delitos Económicos y busca recabar información y documentación, tanto física como digital, para contrastarla con el informe de auditoría, por lo que la intervención es una medida para asegurar la transparencia y la correcta administración de la estación de trenes.
La intervención y la auditoría han revelado varias irregularidades en la administración anterior de Itapúa Logística, como ser la falta de información precisa sobre la recaudación del peaje en la estación de ferrocarriles, la falta de pólizas de seguro y la explotación de un estacionamiento sin reportar los ingresos correspondientes a FEPASA.
Además, se detectaron inconsistencias en el porcentaje del cobro del pasaje de los pasajeros del tren, que no estaba siendo rendido a las oficinas de FEPASA.
“Estamos hablando de recaudación referente al peaje que se cobra en la estación de ferrocarriles, en las inconsistencias de falta de informaciones, falta de pólizas de seguro, en cuanto a la operatividad de la estación. También se ha encontrado que un estacionamiento que está siendo explotado y que no ha sido, en ningún momento, liquidado a FEPASA y también referente a un porcentaje del cobro del pasaje de pasajeros del tren que no estaba siendo rendido a nuestras oficinas de FEPASA”, concluyó González.
La Fiscalía continuará con la investigación para obtener todos los documentos solicitados dentro del plazo estipulado por la ley, con el fin de asegurar que todos los ingresos y operaciones de la estación de trenes se manejen de manera adecuada y conforme a las normas establecidas.
Con la fiscal Estigarribia a la cabeza de la investigación, se espera que se tomen las medidas necesarias para esclarecer las irregularidades detectadas, mientras se aguardan definiciones acerca de cómo funcionará la estación a futuro.
