Nada menos que 31 años se cumplen este viernes del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó el luctuoso saldo de 85 muertos y cuya conmemoración se ve teñida, un año más, de la impotencia de ver cómo el crimen sigue impune.
Era la segunda vez que el país sufría un ataque terrorista a instituciones israelitas: el 17 de marzo de 1992 había ocurrido la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 víctimas. Ambos casos aún se encuentran sin esclarecer.
Sobre el Estado como tal, y sobre las sucesivas gestiones políticas que con mayor o menor voluntad buscaron a sus autores, instigadores y motivaciones, recae el rotundo fracaso moral y judicial que representa el triunfo (por ahora) de la impunidad.
Más grave aún: en los últimos años el atentado cayó en la “grieta” y el contenido del reclamo se lee en clave cada vez más política según de quién se trate.
La impotencia para lograr hallar a los responsables del estallido del coche bomba que destruyó la sede de la mutual judía el 18 de julio de 1994 hace que una de las heridas más dolorosas de la sociedad argentina posdictadura militar no solo siga abierta, sino que se profundice.
A pesar de que en los últimos días el Estado argentino dio un paso al frente al reconocer a Hamás como “grupo terrorista”, la comunidad israelita de Misiones planteó el sábado en la plaza 9 de Julio que “es un atentado que sufrimos todos y es una herida sin cicatrizar todavía”.
Y es que, mal que le pese a muchos, la impunidad sigue siendo tendencia.
