A raíz de las denuncias efectuadas por vecinos y empresas prestadoras de servicios en Posadas, por el constante robo de cables, concejales presentaron un proyecto de ordenanza que permita controlar la comercialización de estos materiales.
En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el concejal Pablo Velázquez indicó que este problema afecta principalmente a los barrios y zonas más alejadas del casco céntrico y que, tras la queja de vecinos por los constantes cortes en los servicios de Internet, alumbrado público o luz, “empezamos a averiguar por qué ocurría y cuando fuimos a las empresas, nos encontramos que precisamente gran parte de esta problemática tenía que ver con el robo de cables”.
Por este motivo los ediles llevaron adelante un proyecto de ordenanza y convocaron a las empresas Energía de Misiones, Telecom Personas y Gigared para que ayuden a dimensionar el problema y así encontrar la manera de “cortar el negocio en negro, que va por detrás de la venta o comercialización de cables robados”.
En principio, esta disposición pretende que las empresas que se dedican a la compra y venta de cables, chatarras y autopartes cuenten con un registro de los productos comprados y también su procedencia, ya que generalmente el cableado de las empresas de comunicaciones y de energía eléctrica tienen números de series y “están perfectamente identificados cuando hacen el tendido en una zona o en un barrio”, explicó Velazquez.
Además, el concejal indicó que los encargados de realizar este control sería el Municipio conjuntamente con las empresas, según se planteó en una reunión realizada el lunes entre ambos actores. Indicaron allí que cuando se produzca el ingreso de materiales a las chatarrerías “automáticamente va a quedar registrado y cuando llegue un control de los que hace el Municipio habitualmente, va a identificar si hay algo que no quedó perfectamente registrado en estos libros o registros”.
A su vez, comentó que si se aprueba la ordenanza, se pretenderá avanzar con una ley provincial que incluya a los demás municipios, para que si se sustraen materiales, se dificulte su venta también en otros lugares y de esta manera “va a ser mucho mejor y más efectivo el trabajo”.
“Lo que buscamos de alguna manera es romper ese negocio en negro y que de esa manera baje el delito en lo que tiene que ver con el robo de cable en general que produce tanto malos efectos en la semaforización, los servicios de Internet, telefonía y demás”, sentenció Velázquez.
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