“En párrafos textuales el Memorándum de Entendimiento establece una supuesta colaboración conjunta entre la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, donde nuestra Administración de Puertos extiende sus funciones y competencias al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos e invade áreas del Gobierno nacional y de las provincias de una manera realmente exagerada y alarmante”.
En estos términos, el abogado con especialización en Derecho Ambiental, Jorge Danieri denunció en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que existe preocupación entre los distintos actores ambientalistas, ya que el memorándum rubricado por el Gobierno nacional en marzo último posee profundas irregularidades ya que “implica un acuerdo sobre bienes naturales y nunca se revela su contenido”.
“A través de una actuación legal administrativa, hemos logrado acceder al documento que, hasta hoy, había permanecido en secreto: se gestó durante la administración de Alberto Fernández, pero con su firma, el gobierno de Javier Milei ratifica el rumbo”, acotó el experto.
“Si bien a primera vista, parecería un acuerdo técnico, su contenido revela implicaciones profundamente políticas. Entre algunos de los puntos destacados se permite la injerencia del Ejército de EEUU en las políticas de control de inundaciones y gestión de recursos hídricos. También cuestiones de políticas públicas hídricas, gestión de cuencas hidrográficas, sedimentación y dragado, expansión de canales de navegación, puertos, su ampliación y profundizaciones, entre otros”, enumeró Danieri.
“Otro hecho que nos sorprendió es que también le permitirán que tengan la capacidad de ‘diseñar ecosistemas’, porque parece que resulta que ahora los seres humanos (los EEUU) adquirieron la capacidad de diseñar ecosistemas”, dijo irónico sobre el lenguaje del memorándum sobre el que opinó: “parece una broma”.
“Lo más impactante”, acotó el abogado más tarde, “es que deja abierta la posibilidad de establecer la ‘dirección estratégica’, de la cuenca entonces, por ejemplo, el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos va a construir con la Administración General de Puertos las estrategias de gestión de la cuenca, lo cual es un disparate”.
“Según la legislación argentina esas estrategias la tendrían que construir a través de un comité de cuenca únicamente los Gobiernos provinciales con el Estado nacional. No con ingenieros militares de los Estados Unidos. Y esto, nada más y nada menos, porque los dueños y los titulares de los bienes naturales, son las provincias”, indicó enfático.
Para Jorge Danieri, con vasta experiencia en casos que llevó ante la Corte Suprema para frenar el avance de multinacionales extranjeras sobre los bienes ambientales, “aunque se trata de decir que fue un acuerdo técnico entre las partes, lo sorprendente es que el acuerdo se compromete a un intercambio de información y cooperación sobre políticas relacionadas que van mucho más allá que a una cuestión de puertos o de vías de navegación, sino que abre el paraguas a una visión integral de gestión de cuencas no solo del Paraná, sino abierto a todas las cuencas del país”, acusó.
“Las partes se comprometen a investigación y desarrollo de proyectos vinculados a estos puntos y se menciona que cada proyecto tiene que ser un acuerdo independiente al memorándum. Es decir, en el documento actual no se comprometen a profundizar las hidrovías o a construir represas hidroeléctricas ni a proyectos puntuales, pero deja abierto el paraguas, por decirlo en criollo, a que si surgen proyectos puntuales se firme un nuevo acuerdo, pero dentro de este paraguas que lo avala”, insistió.
Y luego agregó: “En la crítica a este documento pedimos tres cosas: constituir el Comité de Cuencas para federalizar su gestión y respetar las herramientas de la democracia ambiental (participación ciudadana, acceso a la información previa), una evaluación ambiental estratégica y estudios de impacto ambiental en los pasos críticos”.
No existe Comité de Cuenca
Para Danieri, “es importante recordar que el río Paraná opera sin una evaluación ambiental estratégica ni estudios de impactos acumulativos. Esta situación es aún más preocupante debido a la ausencia de un Comité de Cuencas que coordine políticas y acciones a nivel federal para mitigar los impactos ambientales en el río”.
Esta cuenca ha sufrido consecutivamente impactos en la salud de la población y sus ecosistemas, como lo demuestra la crisis que enfrenta el sistema de humedales del Delta del Paraná, afectado por quemas indiscriminadas y cambios en los usos del suelo, exacerbados por la sequía histórica y el cambio climático.
Aguas arribas, en jurisdicción de Misiones los casos de escasez del recurso hídrico cuando falta agua en Brasil y cierra las represas, ha generado un notorio impacto social y ambiental extremo, por la falta de agua. Lo mismo cuando abren las compuertas e inundan todo a su paso.
Desde una perspectiva jurídica e institucional, para Danieri es necesario un Tratado Interjurisdiccional que ratifique este memorándum o cualquier acuerdo posterior que afecte a programas, proyectos o investigaciones en estas áreas.
“Hay una intromisión del Ejército de los Estados Unidos, por medio de la Administración General de Puertos en las competencias y responsabilidades y en las políticas, que por lo menos abarca a la mitad del gabinete nacional, en ministerios claves”, señaló al respecto.
Respuesta de la población
Además, para el abogado ambiental es crucial que la realización de proyectos concretos o actividades en las cuencas debe ser respaldada por convenios vinculantes y sujetos a la legislación vigente en cada provincia.
“Hay experiencias en Misiones y Entre Ríos en escenarios parecidos al actual, las dos más positivas que conocemos; durante el menemismo los dos intentos de construcción de megarrepresas: Corpus, que frenó el pueblo misionero a través de un referéndum vinculante en el ‘96. En ese mismo año se inició la lucha en Entre Ríos contra el proyecto de represa del Paraná Medio, que se frenó judicialmente y de cuya causa participé de forma directa como abogado y se logró la declaración de inconstitucional el decreto del presidente Saúl Menem en todas las instancias y se logró la única ley que existe en el planeta que declara la libertad de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay”, acotó.
“A ambos proyectos los frenó la gente en la calle, con una actitud de desobediencia civil pacífica que llevó al sector político de las provincias a desistir”, recordó el letrado.
