Los vecinos de Posadas no solo viven atemorizados por los incrementos en los servicios, en el caso del agua potable: también están expectantes por los robos de los medidores, preciados para los delincuentes por las carcasas de bronce que poseen y que los reducidores se encargan de ofrecer buen precio a cambio.
La modalidad delictiva avanza y como ejemplo se sumó ayer la imputación provisoria por “hurto y robo, en concurso real” que el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals determinaron para dos jóvenes de 21 y 20 años que fueron detenidos luego de robar siete medidores en menos de 48 horas esta semana en barrios de la jurisdicción de la comisaría Decimoctava de la Unidad Regional X.
De acuerdo a las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, los barrios afectados en estos casos fueron Progreso, Los Lapachos y Hermoso. En este último se registraron las aprehensiones y los expedientes abiertos a los sospechosos.
El valor del bronce de los medidores es lo que impulsa a los ladrones a arrancarlos en pocos segundos y durante la madrugada. También se asegura que en pocos segundos entre las llamas el metal se derrite y se borran evidencias.
Voces de pasillos judiciales del fuero de instrucción penal admitieron que las denuncias aumentaron y “menos en el centro de la ciudad” en todos los barrios se registran casos.
El costo para las víctimas tampoco es magro, por el contrario se estima que cada medidor de agua cuesta 150 mil pesos como mínimo y si el reclamo en la empresa prestataria del servicio no se acompaña de la presentación de la queja en sede policial, el nuevo aparato para SAMSA corresponde que lo abone el usuario.
“Nadie los mira”
Otras fuentes judiciales reclamaron que, a la par del incremento de robos (más de diez denuncias por día) sorprende que la policía no detecte los puntos de acopio o los talleres o lugares donde los reducidores compran los medidores a los jóvenes que los hurtan.
La actividad de comprar metales o extraerlos usados de otros elementos, está regulada en Misiones por la Secretaría Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia, que por ley dispone de un registro de compraventa, permuta y consignación de bienes muebles usados.
“No se investiga, no se apunta primero a estos lugares, chatarrerías o galpones”. La queja se dirige primero a saber si la actividad delictiva se despliega solo en la clandestinidad o si la ausencia de control a los sitios que deberían estar registrados, incurre en el fomento de los robos.
El kilo de bronce se paga hasta siete mil pesos, el de cobre por lo menos del doble, “por eso también el robo de cables de iluminación pública y de cualquier inmueble no se detiene”, resumió un investigador policial.
