Una mujer que integra las filas policiales de la Policía y que ostenta la jerarquía de oficial principal, recuperó la libertad ayer, aunque ya estaba detenida con prisión domiciliaria. Fuentes consultadas indicaron que fue notificada de la excarcelación bajo fianza y tras abonar la suma de 500 mil pesos aproximadamente esperará el proceso en libertad.
Tiene 33 años y fue denunciada por siete camaradas por supuestas estafas. Como publicó PRIMERA EDICIÓN, el caso se conoció durante la primera semana de abril y tras ser denunciada por cobrar dinero a otros policías a cambio de favores dentro de la fuerza. Los mismos tienen que ver con promesas de ascensos, trasladados a otras dependencias o localidades o ayuda para ingresos de familiares a la fuerza de seguridad.
Los hechos corresponden o comenzaron a suceder en septiembre del año pasado, aunque la última denuncia, presentada en la primera semana de abril de este año, destapó la seguidilla de casos que por el momento llegó a siete hechos denunciados concretamente en la Justicia de Puerto Rico.
Los beneficios se realizaban según la acusada salteando sus debidos procesos por tener acceso a “contactos” con altos mandos dentro de la fuerza, aunque no se ventilaron nombres de quienes supuestamente eran sus empalmes. No descartan que haya más casos en otras localidades.
También como se publicó en su momento, los uniformados que denunciaron las estafas podrían ser investigados por exacciones ilegales.
Por el momento con ellos el juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, no dictó ninguna medida más que declaren como presuntas víctimas.
La oficial fue detenida el 5 de abril y días después optó por no declarar en la audiencia indagatoria. Fue beneficiada con la prisión domiciliaria por tener una hija menor de edad a su cargo.
Los montos que denunciaron como los que cobraba a través de transferencias virtuales van desde 150 hasta los 800 mil pesos dependiendo el “beneficio” que requería el camarada. El monto más elevado correspondía a un ascenso antes de tiempo. Las promesas incumplidas provocaron que las víctimas comenzaran a denunciar los hechos.
La posibilidad de que los denunciantes sean investigados por exacciones ilegales (cobros indebidos o excesivos que realizan los funcionarios públicos a los contribuyentes), pudo ponerle freno a la cantidad de denuncias porque en principio se presumía que los damnificados eran muchas más personas, agregaron las mismas fuentes.
En este contexto hay que resaltar que las personas que aportan el dinero o lo entregan en concepto de recibir algún beneficio o alguna maniobra ilegal, siendo funcionarios públicos, deben ser castigados según el artículo 266 del Código Penal Argentino, con hasta cuatro años de prisión y hasta cinco de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
