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Denuncian que el normalizador de la COSCAL es candidato de Flores

Piden que se suspenda la asamblea del sábado por evidente parcialidad del interventor designado por el Ministerio de Acción Cooperativa. Advierten que “gente de Flores” está pagando cientos de boletas para comprar votos y que siguen modificando el padrón, pese a estar vencido el plazo.

9 abril, 2024
MOVILIZADOS. Los vecinos creen que hay indicios de fraude y reclaman que se convoque a otra asamblea.

MOVILIZADOS. Los vecinos creen que hay indicios de fraude y reclaman que se convoque a otra asamblea.

Los vecinos autoconvocados de Candelaria denunciaron que el “normalizador” que puso el Ministerio de Acción Cooperativa a cargo de la asamblea que se realizará el próximo sábado en la Cooperativa de Agua es candidato a consejero en la lista impulsada por el intendente Carlos Flores, con lo cual es “juez y parte del proceso”.

Advierten que no hay “ninguna garantía de imparcialidad” y que ya se están generando graves irregularidades en beneficio de la lista “oficialista” y el perjuicio de los vecinos que impulsan candidatos propios que “sin banderas políticas”.

Ayer los vecinos se concentraron frente al Ministerio exigiendo que los atienda la ministra Liliana Rodríguez, sin tener respuestas. A raíz de esto dejaron una nota en la cual solicitan que se suspenda la asamblea por evidentes irregularidades y que se intervenga la comisión normalizadora que fue designada por la propia Rodríguez y donde aparecen familiares y allegados al intendente de Candelaria.

Paola Medina, una de las voceras de los autoconvocados, señaló que hay personas allegadas al Intendente que se acercan a regularizar cientos de boletas en los últimos días, con claros fines de comprar los votos de esos vecinos deudores. También dijo que no pudieron acceder al padrón de socios y que la comisión normalizadora -que responde a Flores- la sigue modificando a pesar que el plazo está vencido.

“La exhibición del padrón de asociados y la documentación a tratar según los puntos de la Orden del Día, deben estar a disposición de los todos los socios, en lugar visible y en su totalidad”, señalan en la nota.

“Otro punto importante a considerar es que, el padrón de socios a votar en la asamblea, debe cerrarse 15 días antes de la fijación de la ejecución de la asamblea, el cual se hizo por publicación del edicto con fecha el 25 de marzo. Sin embargo, el mismo se sigue modificando luego de esa fecha con la presencia de personas que han asistido a la cooperativa para pagar grandes cantidades de boletas. Citamos como un ejemplo de ello, que los días 21 y 22 de marzo, se presentó el señor Alberto con un total de 160 boletas para su regulación”, denunciaron en el escrito.

También apuntó contra el interventor normalizador, Javier Redka, quien fue designado por el Gobierno provincial pero es un allegado histórico al Intendente actual, que en años anteriores ya tuvo denuncias por malversación de fondos y que, siendo normalizador, se presenta como candidato en la lista oficialista, con lo cual no hay ninguna garantía de imparcialidad.

De hecho, acusó a Redka de negarse a firmar los poderes de aquellos vecinos que no podrán concurrir a la asamblea para que le permitanvotar a otros. Solamente estaría irmando poderes para votantes del oficialismo, sospecha la mujer.

A raíz de esto piden que no se realice la asamblea porque creen que habrá claramente hechos de manipulación tanto de votos como de resultados. Además, indicaron que la asamblea es a “mano alzada” y muchos vecinos tienen miedo de que el oficialismo acuda con una patota para intimidar a los eventuales votantes opositores.

La COSCAL tiene alrededor de seis mil socios, de los cuales poco más de dos mil están en condiciones de votar.

La asamblea se realizará el sábado desde las 15. Solamente se presentaron dos listas: la que es impulsada por los vecinos y la patrocinada por el Intendente, que actualmente tiene el manejo de la COSCAL gracias a la designación de “cuatro normalizadores” efectuada por la ministra Rodríguez.

Consideraron que hay “indicios de manejos fraudulentos” en la nota entregada a la ministra y advirtieron que “pueden incluir una falta de transparencia en los procesos, como en la contabilidad o en la toma de decisiones; manipulación de documentos, como alterar documentos, registros o información financiera para ocultar transacciones ilegales o manipular resultados financieros; conflictos de interés, donde hay personas involucradas en la toma de decisiones que tienen intereses personales en el resultado de esas decisiones”.

“Se están realizando manejos fraudulentos para beneficiar a ciertos individuos o grupos; información contradictoria o inconsistente, cuando la información proporcionada por diferentes fuentes no coincide o es inconsistente, podría ser un indicio de que se están ocultando actividades fraudulentas; testimonios o denuncias de irregularidades”, agregaron.

Por último advierten que “el contador Javier Redka, quien a la fecha actúa como presidente de hecho, actualmente normalizador de la COSCAL, y quien forma parte como candidato titular de una de las listas que se presentará en las elecciones de Autoridades como Consejero titular de la Lista Celeste, es quien tiene entre sus funciones la firma y el otorgamiento de poderes de representación” y por esta razón “los socios no tenemos seguridad ni la garantía de imparcialidad de sus actos”.

El pedido de los vecinos a la ministra Liliana Rodríguez

A raíz de estas irregularidades mencionadas, los vecinos solicitaron lo siguiente a la ministra:

a) La intervención de la Cooperativa de manera legal y adecuada, para realizar una asamblea transparente que garantice la voluntad de los socios.

b) El arqueo de caja de las últimas semanas, con el respaldo contable y físico pertinente, a disposición de los socios.
c) El listado de todos los convenios de normalización de las deudas de los socios, desde el día que empezaron las funciones del nuevo Consejo de Administración Interventor.
d) El listado de todos los cambios de titularidad de los socios y de los fallecidos, desde el día que empezaron las funciones del nuevo Consejo de Administración Interventor.
e) Que se tome el padrón que corresponde de acuerdo al estatuto, con fecha hasta el día 21 de febrero de 2024.
f) Prohibir que las personas designadas como interventores participen de la elección de autoridades, como candidatos titulares y/o suplentes, cualquiera sea la función dentro de la COSCAL.
g) Se tenga por fundada la solicitud interpuesta, y se resuelva conforme lo peticionado.
“Manifestamos que ante la falta de toma de decisiones por parte del Ministerio, nos veremos en la necesidad de recurrir a la Justicia”, finaliza el escrito, sin antes aclarar que acudirán al INAES, que es el organismo nacional que otorga matrícula de funcionamiento a las cooperativas.

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Tags: Cooperativa de Servicios Públicos de Candelaria Limitada (COSCAL)Ministerio de Acción Cooperativa
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#fauna #misiones #ohana
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La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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