El fin de semana, un video de pescadores que alertó sobre el vertido de efluentes al río Paraná en inmediaciones a Papel Misionero (del Grupo Arcor), encendió una alarma sobre el impacto ambiental que el mismo pudo provocar, al verse las aguas turbias.
Quien presentó la denuncia ante el Ministerio de Ecología de la provincia es el abogado y docente en derecho ambiental de la UNaM, José Luis “Cachorro” Fuentes. “Me enteré por el video en un grupo que compartimos la preocupación por las cuestiones ambientales de la provincia. Apelamos a una línea que se llama Ecología te Escucha, que es el número de whatsapp donde pasé el video y una descripción. También apelamos a funcionarios y allegados a los mismos”, relató el letrado en diálogo con FM de las Misiones 89.3 y Canal 9 Norte Misionero.
Al respecto, “al día siguiente Ecología fue a tomar muestras, nos pareció bueno que sucediera. Y mucha gente tomó contacto después para decir que eso viene sucediendo desde hace tiempo y que las denuncias no tienen respuestas. Creemos que la movilización tuvo un muy buen primer paso, pero hay que seguir trabajando”.
Fuentes confirmó que “allí se encuentra la planta industrial de Papel Misionero del Grupo Arcor, que es muy importante pero que también podría traer daños importantes al ambiente y al río Paraná especialmente”.
Consultado sobre la aplicación de multas o sanciones a grandes empresas, admitió que “en nuestra provincia no tenemos grandes antecedentes. Hay algunos antecedentes fallidos a nivel nacional. El antecedente más importante en términos ambientales fue el fallo Mendoza sobre el Riachuelo, desde el cual se arma toda una arquitectura jurídica que ha quedado trunca”.
Al mencionarse que muchos ciudadanos no denuncian al no haber sanciones, sostuvo: “Puede tener mucho sentido este descreimiento de la sociedad respecto a que las consecuencias de estos actos se pagan. Creo que toda la normativa ambiental tiene que ver con el accionar ciudadano. Me parece bien ser crítico, desconfiado e ir hasta las últimas consecuencia y exigirle a los funcionarios que cobran un sueldo para eso que nos den las respuestas. No hay que desesperanzarse, especialmente en el derecho, el derecho humano, hay que luchar para que haya cumplimiento de las leyes”.
Respecto a la explicación de Papel Misionero, “Cachorro” Fuentes opinó que “a partir del primer comunicado de la empresa que habló de un desperfecto, hay que encender la primera alerta porque la empresa debe informar a los funcionarios sin que nadie deba pedirlo o le pregunte, es una obligación de quienes son generadores de fluidos. Hay muchas leyes importantes en nuestro país y en nuestra provincia que regulan todo este tipo de actividades. Vamos a esperar los informes del Ministerio de Ecología para avanzar”.
Autoridad de control
El letrado y docente no dudó sobre las responsabilidades: “Quien debe controlar en primer lugar es el Ministerio de Ecología, porque es una planta industrial que está en jurisdicción provincial. Es la autoridad local y hay que reivindicarlo en un momento en que se discuten las leyes ambientales a nivel nacional y la jurisdicción. Nosotros decimos ´no, esta cuestión le corresponde a la Provincias porque son preexistentes y los recursos naturales les corresponden a las provincias´. En este caso (por la denuncia de los efluentes) por el Artículo 124 de la Constitución Nacional, corresponde a Ecología controlar”.
Sin embargo, Fuentes opinó que debería involucrarse el área que ahora está a cargo de Daniel Scioli: “También hay otros organismos que deberían involucrarse como la Secretaría de Ambiente de la Nación porque los efluentes de la planta industrial se vierten a un río interjurisdiccional como es el Paraná (compartido con Paraguay) y vamos encontrando más derivaciones de involucrados como podría ser el Ministerio de Industria quienes deber realizar los controles”.
Falta información para los ciudadanos
¿Cómo se enteran los ciudadanos de acciones de impacto ambiental y contaminación? Sobre la pregunta, el abogado ambientalista José Luis Fuentes advirtió en la entrevista que “todavía tenemos una distancia entre lo que sucede y lo que debería suceder. Por eso tenemos nuevas leyes y un tratado internacional muy nuevo como es Escazú, que establece el derecho a la información ambiental que tenemos los ciudadanos y la obligación del Estado a brindarla. Evidentemente a ello hay que trabajarlo, por eso las organizaciones y los medios de comunicación impulsamos que eso suceda”.
Seguidamente, reforzó la falta de datos oficiales con accesolibre: “No estamos teniendo información sobre las zonas más contaminadas. Falta el acceso a la información pública ambiental, la producción de material para que los ciudadanos estemos informados, audiencias públicas efectivas. Tenemos leyes para audiencias públicas sobre planes de manejo forestal y no nos enteramos que sucedan, hay que decir la verdad. ¿Quién se entera que hay una para un plan de manejo? Hay que seguir trabajando en eso”, finalizó Fuentes.
