Concejales opositores presentaron el jueves un proyecto de ordenanza para que el transporte público de Posadas tenga la SUBE nacional y que de esa forma no se perjudique a los usuarios con la quita de los subsidios a las empresas.
Por el momento, mediante el uso de ese plástico sería la única forma que tendrían los pasajeros de la ciudad para poder gozar de beneficios y subsidios, en caso que el Estado nacional disponga reintegros, que no están vigentes para el sistema local. La iniciativa, ingresada en la primera sesión del año del Concejo Deliberante de Posadas, apunta a la adhesión del sistema, que por mucho tiempo se reclamó sin que nadie (empresas ni Gobierno) se preocuparan por gestionar la migración.
El proyecto de la autoría del concejal ucerreísta Pablo Argañaraz busca que los ciudadanos puedan acceder a los descuentos y tarifas sociales que antes eran otorgadas de manera directa a las empresas por medio de los fondos compensatorios.
Al referirse a su iniciativa, el edil destacó su importancia y reseñó que, si bien el Municipio había considerado unirse a la SUBE en su momento, “no se avanzó por cuestiones económicas y operativas lo habían impedido”, aseguró.
Sin embargo, afirmó la urgencia de poder llevarlo a cabo a partir de la reciente eliminación de los subsidios nacionales al transporte público, es crucial para que los usuarios del transporte público en Posadas accedan a la tarjeta SUBE nacional y garantizar el acceso a los nuevos beneficios.
Una sola localidad
Por el momento, la única localidad misionera que tiene el sistema SUBE nacional es Apóstoles, donde el servicio lo brinda el Grupo Río Uruguay. En Iguazú, donde ese grupo también posee la concesión del transporte público, también se está en proceso de migración hacia ese sistema de boleto electrónico.
En otras localidades, como Oberá donde la concesión pertenece al Grupo Z, desde los concejos deliberantes se está trabajando para sumarse, especialmente por iniciativa de funcionarios de la oposición.
En lo que respecta a Posadas, se pide que la migración de una SUBE a la otra ocurra de manera tal que no se afecte a los principales destinatarios de los beneficios, que son los usuarios.
