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Con la justificación de “brindar trabajo y comida” cooperativa intrusó un terreno

La maniobra tiene vinculación política local y nacional: los ocupantes cuentan con el respaldo de la Federación de Cooperativas de Trabajo y el Municipio prestó maquinaria para la precaria carpintería. Además, un funcionario de “Pipo” Durán coordina la instalación de una huerta.

17 febrero, 2024
PRECARIO. A simple vista el galpón para la carpintería evidencia un estado de extrema precariedad.

PRECARIO. A simple vista el galpón para la carpintería evidencia un estado de extrema precariedad.

A principios de este mes un grupo de personas allegadas a organizaciones sociales, partidos políticos y a la cooperativa de trabajo Federart instalaron una carpintería en un terreno que se encuentra judicializado y cuya causa se dirime en el Juzgado Civil y Comercial 1 de Eldorado, a cargo de Juan José Palacio. Por la misma causa también está hecha la denuncia en la sede de Instrucción Penal 1 a cargo de la jueza Nuria Allou.

Por lo que reportan los vecinos, en el lugar se levantó un precario galpón (foto), se empezó a desarrollar una huerta y también se proyecta poner en marcha una fábrica textil, con la ayuda de organizaciones sociales.

Recientemente la presidenta de la asociación “Entre Telas Limitada”, Elizabeth Olivera habló con medios televisivos de Eldorado para contar los pormenores del alcance del proyecto y fue así como los dueños de la propiedad supieron lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, exhibieron la documentación de la causa y la medida cautelar de no Innovar en el predio. Sin embargo, más allá de asegurar que confían en la Justicia, temen que el entramado político que rodea a Olivera les impida recuperar la propiedad, “porque se están instalando con todo y si les dejan seguir entorpecerían enormemente la causa”, declaró la abogada Ana Grima, representante legal de la familia que quiere recuperar la tierra.

Conforme a la presentación, otro elemento que complejiza el caso es que Olivera es esposa del sobrino de Lucia Barreto, quien junto a su hijo Julio Diaz buscan recuperar el terreno.

Por otra parte, Olivera y su esposo se encuentran haciendo uso del lugar a partir de un permiso de palabra de Barreto, el cual fue otorgado hace varios años para que sus familiares no se queden desamparados. Se trata de una propiedad ubicada en el barrio Scholler, de Eldorado, muy próximo al centro de la ciudad.

 

Pedido de informes al Municipio 

“Más allá de la cuestión reivindicatoria del desalojo, que es una cuestión judicial y lo va a dirimir la Justicia, el problema es que una de las personas demandadas tiene una cooperativa y con la excusa de brindar trabajo, fue tomando el lugar. Esta persona tiene fuertes vinculaciones políticas, tanto con la Municipalidad como con partidos políticos. Por ejemplo, Elizabeth Olivera fue candidata a segunda concejal en el sublema que consagró a Sebastián Tiozzo como edil electo por el partido Social y Agrario”, contó la letrada tras exhibir elementos probatorios.

Y luego agregó que la vinculación con el Municipio se da a partir de la tarea del secretario de Integración Productiva Julio Cuenca, un funcionario de la gestión del Intendente actual, quien fue visto en el lugar coordinando trabajos de huertas y la construcción de un vivero.

“Además, para levantar el galpón se utilizaron herramientas del Municipio, también para el movimiento de suelos en el predio. Cosa que nos hace pensar que nuestra demandada está muy vinculada con el poder local”, reiteró la abogada.

Grima explicó que la mujer trabaja con movimientos sociales, y que había conformado una cooperativa “Entre Telas Limitada”, de la cual es la presidenta. “Está federada y la están patrocinando”, acotó.

Y agregó: “Hemos pedido informe al Municipio y a la Provincia a través del Ministerio de Acción Cooperativa, que nos quedaron en contestar esta semana para entender todo el patrocinio que está recibiendo mientras hace uso de un terreno judicializado. En ese mismo sentido hemos pedido información a Federart donde están nucleados”.

De acuerdo al relato de la representante legal, “todo el tiempo hay maquinaria y automóviles oficiales del Municipio, y aunque suponemos que se ignora que la propiedad se encuentra en proceso litigioso, ya hemos cumplido en informar a la Intendencia la situación del predio”.

Por su parte, la denunciante Lucia Barreto, contó a este Diario que fueron los vecinos quienes la habían alertado de lo que estaba ocurriendo en el terreno. “Vivo en Buenos Aires pero mi hijo viajó y se encontró con que ya estaban armando un galpón, y había gente trabajando para instalar una cooperativa. Acá el gran problema, que lo diferencia de cualquier tipo de usurpación, es la vinculación política que hay, porque ofrece un mensaje de que cualquiera con padrinazgo político puede entrar a un terreno y hacer lo que quiera”, finalizó.

Tags: #TierrasCooperativa Entre TelasEldoradoElizabeth OliveraInstrusiónJusticiaRodrigo "Pipo" Durán
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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