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Diputados de LLA presentaron un proyecto para derogar la Ley IVE

La iniciativa fue ingresada el 5 de febrero por la diputada Rocío Belén Bonacci y cuenta con el apoyo de sus compañeros de bancada.

8 febrero, 2024

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020, y recibieron críticas de dirigentes de diversos espacios opositores.

El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocío Belén Bonacci para pedir la derogación de la “Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

En el caso del artículo 85, esta propuesta volvería a penalizar “con reclusión o prisión de uno a cuatro años” a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la “inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena” a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que “abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.

Actualmente, de acuerdo con la ley 27.610 que se encuentra vigente, ambos artículos indican que no se incurre en delito en caso de que el aborto sea realizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación y “con consentimiento de la persona gestante”.

En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal y penalizaría “con reclusión o prisión de uno a cuatro años” si se practicara un aborto con consentimiento “de la mujer”.

Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime “con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a quien “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare” a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: “Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”.

En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, “luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare”.

El proyecto presentado por LLA plantea además que “la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

El documento presentado en Diputados el lunes fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

Al conocerse la noticia, la diputada de Unión por la Patria (UxP) y expresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, escribió en su cuenta de X: “Los derechos conquistados no van a ser arrebatados” y sumó un corazón de color verde, que simbolizó la lucha por la promulgación de la ley IVE.

En el mismo sentido la diputada del Partido Gen, Margarita Stolbizer, aseguró que “vamos a defender la vigencia e implementación de la Ley 27.610 porque protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres frente a un estado que todavía se pretende hacer más ausente”.

“Más reaccionarios no se consiguen. La Libertad Avanza frente a la derrota legislativa de ayer, hoy presentan un proyecto para derogar la ley de IVE. No los dejaremos avanzar sobre nuestra libertad!”, aseguró la ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

También el diputado socialista de Santa Fe, Esteban Paulon, aseguró “no vamos a permitir ni un paso atrás en materia de derechos humanos! #AbortoLegal se defiende!”.

En tanto -consultado en el canal de noticias IP- el diputado por La Libertad Avanza, Carlos D’Alessandro, esgrimió que no estaba al tanto de esa propuesta legislativa y opinó: “No creo que sea necesario ahora, el contexto no da para esto”.

Fuente: Agencia de Noticias NA

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Tags: ArgentinadiputadosIVELLAproyecto de ley
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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