El último aumento que definió el Gobierno para el costo de la energía eléctrica tendrá un impacto inmediato en las boletas de luz que pagan los cerca de tres millones de usuarios catalogados como de altos ingresos de casi el 100% y del 136%, en caso de que se habilite el pedido de recomposición de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De ser así, ese universo pasaría de pagar una factura promedio de 8.000 pesos a casi 20.000 pesos a partir de febrero, mientras que los sectores medios y de menores ingresos recién verán subas a partir de mayo cuando se aplique un nuevo esquema de subsidios.
El efecto también se sentirá en comercios, industrias, universidades y hospitales quienes verán un doble efecto: quita de subsidios y el traslado de la devaluación. Por caso, los negocios chicos podrían recibir incrementos de hasta 430% debido al concepto de energía y de hasta 500% si se suman las actualizaciones por el segmento de distribución.
A través de la Resolución 7 del 2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo estableció la nueva programación del precio estacional de la electricidad con una actualización en torno al 118%, en línea con la devaluación de diciembre debido a que ese costo se encuentra dolarizado. También se determinaron los valores para la potencia y el transporte de electricidad.
La principal novedad es que el Gobierno decidió aplicar un aumento en esos conceptos para los usuarios residenciales de Nivel 1 y postergar aumentos para los bajos (N2) y medios (N3) ingresos. El economista del el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de UBA-CONICET, Julián Rojo, precisó que de mínima el segmento de altos ingresos recibirá desde febrero un aumento en su boleta del 98%.
A eso habrá que sumarle la actualización que habilite Energía para las distribuidoras del AMBA en los próximos días. “Con eso una factura N1 promedio pasaría de 8.400 pesos a casi 20.000 pesos por mes. Los N2 y N3 solo tendrían aumentos en la distribución en el AMBA con un impacto del 63% en la factura”, detallaron.
Pero el economista advirtió que el aumento del precio de la energía impacta mayormente en comercios, especialmente los chicos, entidades públicas y alumbrado público que venían teniendo subsidios.De la resolución de Energía surge que universidades y hospitales comenzarán a pagar el costo pleno de la electricidad.
“Estos segmentos sufren dos impactos: quita de subsidios y efecto devaluación. Por esto, y sólo por el concepto energía, tendrían un aumento del 210%. Pero los comercios chicos son los que recibirían el mayor efecto con un incremento del 430% en el concepto energía que puede ser del 500% si se le suma las actualizaciones por distribución”, sostuvo Rojo.
Universo
El defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires y exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en tiempos de Sergio Massa, Walter Martello, detalló que el aumento en el precio de la energía abarca a 3 millones de usuarios residenciales N1 y 300.000 comercios e industrias. Pasarán de pagar de 21 a 46 pesos el KW, es decir, 110% más según sus cálculos.
“Pero además, en todos esos casos se dispone un incremento de la potencia que pasa de 80 pesos el kW a 2.682 pesos–kw un aumento de más de 32 veces: 3.200%, que impactará fuertemente en las tarifas, siendo los usuarios residenciales los únicos que no podrán trasladar esa diferencia a precios”, resaltó.
“Esto implica que un jubilado que no se haya inscripto en el registro tenga o no consumo, solamente por tener contratados 2 KW de potencia nunca su factura será menor a 6.500 pesos, más los distintos componentes de la tarifa, Transporte , VAD e impuestos”, afirmó Martello.
El exinterventor del ENRE remarcó que para los ingresos medios, del N3, el pago sobre el excedente de los 400 kWh se realizará sin subsidio.
FMI, subsidios y bolsillo
La intención original del Gobierno era que los usuarios comiencen a pagar en el corto plazo el costo total de la electricidad, aunque decidió avanzar por el momento solo con los de altos ingresos en la época de mayor consumo estacional.
El objetivo es, por un lado, evitar un “impacto brusco” en el bolsillo de los de bajos y medios ingresos, al tiempo de evitar algún amparo ante la Justicia que invalide el sendero de subas planteado oficialmente. De todos modos, el norte continúa centrado en la necesidad de recortar el gasto en subvenciones.
Para el año 2023, el volumen de los subsidios económicos alcanzó el 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB), contribuyendo el sector energético con 1,6 puntos porcentuales, lo que representa aproximadamente 9683 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la consultora Economía & Energía.
Se ha establecido como objetivo para el año 2024 reducir estos subsidios a un 1,3% del PIB en términos generales, y a un 1,1% específicamente en el ámbito energético.
Expertos del FMI, en el informe Staff Report, sugirieron que a partir de febrero deberían implementarse incrementos tarifarios superiores al 200% en electricidad y 150% en gas.
Sin embargo, el Gobierno opta por una postura de prudencia exagerada, decidiendo postergar cualquier aumento tarifario hasta después de llevar a cabo una nueva audiencia pública que establezca la validez de la “Canasta Básica Energética”, afectando esto al 70% de la población cuyos ingresos no superan las 3,5 canastas básicas.
Con la mira puesta en abril-mayo, se planea introducir un nuevo esquema que reemplazará la segmentación vigente, centrando los subsidios en aquellos hogares cuyo gasto energético supere el 10% de sus ingresos. De esta manera, el apoyo estatal se enfocaría en el monto que exceda dicho porcentaje, con el fin de aliviar la carga financiera sobre los consumidores.
Por otro lado, Rojo resaltó que dos de cada tres usuarios del AMBA pagan entre 7% y 8% del costo de la electricidad, “la cobertura más baja de la historia”. Ese universo abarca dentro del actual esquema de segmentación a los N2 (menores ingresos) y N3 (ingresos medios), mientras que los N1 (altos ingresos) ahora vuelven a pagar pleno.
“Para eliminar subsidios se tiene que multiplicar el precio de la energía por 15 y por 12 veces para el 70% de los hogares de todo el país. El impacto en cada provincia depende de su propia estructura tarifaria”, explicó el especialista.
El anuncio y los argumentos que dio el Gobierno
El Gobierno de Javier Milei dispuso un aumento en el precio mayorista del servicio eléctrico y, a partir de febrero, habrá subas en las tarifas de luz de hasta un 120% para los sectores de mayores ingresos.
Según dispuso la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, a través de la Resolución 7/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se trata de un fuerte incremento en uno de los componentes de la tarifa total, que impactará solamente sobre los usuarios residenciales que están catalogados como “Nivel 1” de la segmentación, que representa aproximadamente a un 30% del total de los hogares, y que renunciaron o no pidieron los subsidios a la energía.
Mientras tanto, “para evitar impactos bruscos”, específica la resolución, continuará por tres meses más, hasta mayo, el congelamiento para los usuarios de “Nivel 2” (ingresos bajos) y de “Nivel 3” (ingresos medios), “hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor”.
Estos segmentos mantendrán más del 90% del costo con la subvención estatal.
En la resolución publicada ayer, el Gobierno enumeró una larga lista de motivos que lo llevaron a tomar la decisión de actualizar el precio mayorista. En primer lugar, cuestionó la política energética del Gobierno anterior al considerar que “no transparentaba los costos reales del suministro eléctrico”.
También se amparó en la declaración de la emergencia del Sector Energético Nacional que se declaró el 16 de diciembre del año pasado, seis días después de la asunción de Javier Milei, y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.
El Gobierno apuesta a “precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”, precisa la resolución.
La decisión va en línea con “la necesidad de adoptar medidas urgentes para poner fin al déficit fiscal” y agregaron que “el sector energético resulta central para la reversión de la situación de crisis que atraviesa el país”.
