De acuerdo al informe del Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” durante el primer mes del 2024 ya se registraron 2 femicidios -una menor de edad de 10 años, oriunda de Colonia Aurora y Graciela Beatriz Soto, de San Ignacio- y siete intentos en la provincia, mientras que, a nivel nacional, se reportó un femicidio cada 27 horas y 39 intentos solo en enero.
“Un intento no es menor que un femicidio, es una vida que está corriendo peligro y que hay que acompañar y asesorar para que no ocurra el paso siguiente”, expresó Carla Talavera del movimiento Mumalá Misiones en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, remarcando cómo las cifras se duplicaron preocupantemente en Misiones desde el 2022, con 55 intentos, al 2023 con 8 femicidios y 98 intentos.
“Estos números que vemos reflejados en las placas del Observatorio Nacional han sido vidas de madres, de mujeres, de hijas que han sido arrebatadas a causa de la violencia machista”, manifestó.
Respecto a las medidas preventivas ofrecidas a las personas que se encuentran atravesando una situación de violencia, Carla remarcó que hay mucho por debatir todavía. “El año pasado hubo mujeres que tenían la perimetral, el botón antipático y aún así han sido víctimas de femicidios. Es algo que hay que revisar y muy finamente porque no es total la seguridad que brinda a la víctima”.
“Está mal planteado porque pone toda la responsabilidad nuevamente en la víctima. Depende únicamente de la víctima que el celular tenga batería, internet, porque funciona con un GPS, dinero para cargar o pagar internet y que lo tenga en mano cuando el violentador este cerca”, resaltó.
Carla expresó que estas soluciones preventivas no solo colocan a la víctima en un lugar como única responsable de su integridad emocional y física, sino que muy pocas veces cumplen con su objetivo que es protegerlas.
“En Misiones tenemos un indicie muy bajo de casos en donde han llegado a denunciar antes de que ocurran los femicidios. Esto nos lleva a repensar qué está pasando en las comisarías, en las fiscalías, en aquellos lugares donde corresponde tomar la denuncia que es el primer paso para salir y romper con el circulo de la violencia”.
“El año pasado tuvimos un caso donde la víctima tenía el botón antipánico, pero vivía en el campo donde muchas veces no tenía ni señal, y en muchos casos ni siquiera quieren tomarle la denuncia”, arguyó Talavera.
“Ese es el momento en que hay que acompañarla, asistirla y brindarle el abanico de herramientas que tenemos para que esa persona no retroceda y no se vea en la situación de volver al lugar donde ocurrió la violencia. Muchas veces cuando vuelven es mucho peor”, agregó. “No debería ser un privilegio de pocos sino un acceso real para todas las personas”, puntualizó.
Falta de acceso y difusión
Carla destacó que existen herramientas que las víctimas pueden hacer uso para asesorarse o pedir ayuda, como ser la Línea 137 donde las personas pueden realizar denuncias, también de manera anónima, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, o la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, “donde cuentan con acompañamiento psicológico, legal y jurídico”, aclaró.
También se refirió a la Ley de Educación Sexual Integral que “debe ser aplicada en las casas de estudio, sumado a la importancia del acompañamiento de las infancias y adolescencias, que nos ayuda a detectar además de las situaciones de violencias, las situaciones de abuso”.
Sin embargo, “la reducción de los accesos a esas herramientas o la falta de difusión de éstas hace que la persona se encuentre más vulnerada”, dijo Carla.
A su vez, hoy en día, aún “no todos los municipios cuentan con un lugar propio para que las personas puedan ir a denunciar, a veces deben trasladarse a los lugares más cercanos”, compartió.
“No hace falta irse muy lejos de Posadas para darse cuenta de la falta de difusión que existe de las herramientas disponibles, el acceso a los derechos, las leyes. En los mismos barrios populares o asentamientos se hace evidente esta realidad. También ocurre en Garupá y Candelaria, ni hablar del interior de la provincia”, añadió.
La desinformación va desde poder identificar a tiempo situaciones de violencia, cómo denunciar, qué pasos seguir, a dónde acudir, cómo hacer una petición de alimentos, entre muchas otras cosas.“El transmitir la información necesaria, justa y real hace que el vecino pueda tener otra perspectiva y hacer uso y reclamo de sus derechos”, resaltó Talavera.
Crece la preocupación
En el actual contexto nacional, “debido a la situación económica, es muy difícil que la persona que está atravesando la situación de violencia pueda viajar a Posadas a hacer una denuncia, un reclamo de alimentos, porque es difícil bancar los pasajes, es un beneficio de pocos”, expresó Carla.
“Toda crisis hace que las situaciones de violencia aumenten, hace que rebrote porque no hay un amparo hacia la víctima”.
“Son situaciones que le competen al Estado estar presente y acompañar a las víctimas, hacer un seguimiento muy fino de los instrumentos, las leyes o políticas que se crean”, manifestó.
Por último, destacó que la postura del gobierno de Javier Milei es claramente negacionista de la violencia de género.“Mientras la violencia por motivos de género mata cotidianamente el Gobierno elimina Ministerios, desjerarquiza políticas públicas, cierra programas y precariza la atención de la línea de asesoramiento 144”.
