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El sistema registral del automotor “tiene su burocracia pero nos asegura que compramos algo en condiciones”

Así lo apuntó Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios y Gestores, quien puso el ojo en la decisión del Gobierno de intervenir cuatro registros del automotor en Misiones.

30 enero, 2024
Transferencia de autos y motos

El sistema registral automotor fue objeto de críticas debido a su burocracia, falta de eficiencia y altos costos en todo el país. Por este motivo, el Gobierno nacional decidió intervenir más de cien registros del automotor, cuatro de ellos ubicados en Misiones. 

A pesar de la evidente falta de agilización, en 2022 (último relevamiento), hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas. Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina.

El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Para el Gobierno de Javier Milei es una caja política, pero los puntos más importantes al que apuntan son dos: el mal funcionamiento del sistema en sí y los costos que genera.

En  Misiones hay disidencias al respecto en algunos de los puntos marcados. 

Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios y Gestores de Misiones, explicó en Radio República que “hasta donde conozco el sistema registral, para mí es perfecto, porque tiene su burocracia pero a la vez también nos asegura a nosotros que compramos algo en condiciones y podemos circular en condiciones. Garantiza seguridad jurídica tal y como está”, apuntó.

Añadió que “la documentación es muy importante, más allá de la parte mecánica”.

 

Digitalización

El Gobierno apunta a una digitalización plena, para agilizar los trámites y abaratar costos, y que el contribuyente no esté haciendo “500 mil trámites distintos”, según el ministro del Interior, Guillermo Francos. “Es un sistema que no va más”, había dicho tajante el funcionario.

Por eso, se buscaría imitar a sistemas de registros automotor de Estados Unidos o Chile, donde solamente hay que pasar por una ventanilla de trámites. En Argentina, se debe pasar por seis y de todos los colores, lo que se traduce en tiempo y costos para la persona.

“El cliente siempre exige acelerar tiempos, pero la burocracia muchas veces lo impide”, aclara Delgado.

El proceso de digitalización del sistema registral del automotor, contó Delgado, está aplicándose desde 2017, donde el 60% del total del trámite se hace manera virtual, “pero indefectiblemente hay que ir hasta el registro y presentar la documentación en papel y ahí se empiezan a ver las observaciones: ‘falta esto’, ‘no está completo esto’, ‘carece de veracidad’, ‘esto tiene un número que está mal’, etc”, ejemplificó. En este sentido, se desprende que la cantidad de formularios que se debe presentar de forma presencial, es un dolor de cabeza para el comprador.

Para el gestor, “la digitalización plena será peligrosa y va a ser también motivo o causal de delitos, porque hoy en día con Mercado Pago te cometen delitos, con el home banking te hacen delitos. Entonces, ¿cómo hacemos con los autos para que no ocurra eso?”, se preguntó.

Comentó que para los autos 0km el trámite es rápido y puede tardar 24 horas, pero en el caso de las transferencias de los autos usados es donde empieza la burocracia: “De dónde vienen los fondos, se interviene el Colegio de Escribanos, se interviene el Colegio de Contadores, que la UIF (Unidad de Información Financiera), que la AFIP, montón de cosas quizás eso van a reducir”, contó.

 

Registros intervenidos en Misiones

Argentina tiene 1.547 registros de propiedad automotor y la decisión del Gobierno nacional es intervenir a todos, pero por etapas. En Misiones, los registros intervenidos son los de Posadas, San Vicente, Puerto Rico y San Ignacio; mientras que en el país son más de cien.

Sobre ello, Delgado manifestó a modo personal que “quizás estos registros de Misiones han tenido algún tipo de quejas o denuncias por eso los intervendrán y eso mejorará. Yo desconozco cuál es el motivo principal de la intervención”. Y añadió que el Gobierno nacional “aparentemente va a cambiar el encargado de registro, seguramente pondrán algún auxiliar de la Dirección Nacional (de Registro Automotor) a cargo”, evaluó.

En la misma línea, explicó que Misiones “tiene un pequeño gran problema” que es el Registro de Propiedad del Automotor de Iguazú, que alberga trámites de toda la zona norte. “Por empezar es lejos para llegar y está desbordado de trámites, eso lo puede decir cualquier mandatario de la provincia. Está desbordado de trabajo, la atención no es como debería ser a diario, y la registración rápida y todas esas cosas lleva a que a que los mismos mandatarios y usuarios estén haciendo quejas”, apuntó. Llamativamente, no se decidió intervenir ese registro, añadió.

Sobre la existencia de una influencia política en las designaciones de los titulares de los registros, con la asignación de cargos a exfuncionarios o sus familiares, Delgado explicó que para ser mandatario en un Registro del Automotor “se debe concursar y no puede ser cualquiera persona”, desconociendo la existencia de favores políticos en los cargos. Y recordó que uno de las condiciones para concursar es ser licenciado en administración de empresas, contador, abogado o escribano, “no es tan así que se le da el registro a cualquier persona”, apuntó.

Para Delgado es un tema que “la van a tener que ver bien con pinzas”, cerró.

Tags: BurocraciaDigitalizaciónIntervenciónMisionesRegistros de la Propiedad AutomotorTrámites
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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