El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 que dictó el gobierno nacional de Javier Milei se divide en 15 títulos, de los cuales cada uno es un tema. Excepto el primero, que plantea los ejes centrales de las reformas, todos los demás modifican o derogan leyes. Pero una gran mayoría está judicializado. De los 14 títulos restantes, 10 tienen expedientes iniciados en los que se reclama su inconstitucionalidad. Es el 70% del texto.
Así surge de un relevamiento que hizo Infobae entre las causas que se iniciaron en todo el país, principalmente en la justicia en lo contencioso administrativo federal de la ciudad de Buenos Aires. Y a esos expedientes se suman los que tramitan contra todo el Decreto de Necesidad y Urgencias y no solo contra alguno de sus temas. Uno de los amparos contra todo el texto estará desde la semana que viene en condiciones de tener un fallo que resuelva si es constitucional o no.
El DNU 70 fue la primera medida del Gobierno nacional. El presidente Milei lo anunció por cadena nacional junto a su Gabinete. “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” es su nombre, se publicó en el Boletín Oficial el 21 de diciembre, tiene 366 artículos que están divididos en 15 títulos y entró en vigencia el 29 de diciembre. Cada título es una temática sobre la que regula el DNU.
El primer título es “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” donde establece los objetivos de emergencia, desregulación de la economía y la inserción del país en el mundo. Son tres artículos que no hacen modificaciones.
Los otros 14 títulos sí y 10 de ellos tienen presentaciones judiciales. Son reforma del Estado, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, aerocomercial, justicia, salud, comunicación, deportes y turismo. Alguno de sus aspectos fue objetado por organizaciones civiles o gremiales o por particulares.
Los 4 títulos que no tienen causas específicas, en el relevamiento que hizo este medio, son desregulación económica, minería, energía y ley general de sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias.
Las causas
El título tres de reforma del Estado es el que permite las privatizaciones de empresas públicas y su conversación en sociedades anónimas. La Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal contra la transformación en sociedades anónimas de las agencias de noticias Télam y Radio Nacional, dos medios públicos.
El título cuatro son las reformas laborales. La justicia del trabajo resolvió cinco medidas cautelares que suspendieron sus efectos. Las primeras fueron en las causas que iniciaron la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina. La semana pasada se sumaron las cautelares de la Asociación del Personal Aeronáutico y del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.
El Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina presentó un amparo contra la reforma que establece el título cinco de comercio exterior respecto de la eliminación del Registro de Despachantes de Aduana lo que a su criterio hace más laxos los controles.
Bioeconomía es el título seis y las causas que se presentaron fue contra dos cuestiones. El Gobierno de Misiones, a cargo de Hugo Passalacqua, objetó las reformas al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellos que le quita la facultad de fijar precios de referencia para la materia prima, lo que implica dejar en peores condiciones de competencia a pequeños y medianos productores. Por su parte, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda y organizaciones ambientalistas y de comunidades indígenas objetaron en la justicia la derogación toral de la ley de tierras rurales que limitaba la compra de parte de extranjeros.
Otro de los reclamos sobre el INYM lo presentaron productores yerbateros y una jueza provincial de Misiones lo aceptó y dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de cuatro artículos del DNU.
El título nueve es sobre las normas aerocomerciales y allí la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) objetó en la justicia la modificación del Código Aeronáutico, la derogación de la ley 19.030 sobre transporte aerocomercial y la modificación de la ley 26.412 de rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas que en su artículo nueve establece que el Estado nacional no cederá la mayoría accionaria de Aerolíneas.
Justicia es el título 10 y la principal objeción es a la derogación de la ley de alquileres, lo que hace que ahora las partes puedan acordar libremente cómo pactan un alquiler respecto de los plazos, montos y moneda. Las presentaciones en la justicia fueron hechas por la asociación civil Inquilinos Agrupados y por la ONG Por un Hogar en Argentina.
El título número 11 establece modificaciones a las leyes de salud. El abogado Eduardo Wilson y el juez de la provincia de Buenos Aires Maximiliano Ceballos hicieron planteos contra la liberación de los precios de las empresas de medicina prepaga. Por su parte, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) objetó, entre otros puntos, que los medicamentos se puedan vender en cualquier comercio como kioscos, supermercados o estaciones de servicio.
En materia de comunicaciones, que es título 12 del DNU, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) presentó una acción de declarativa de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital porque los cambios permiten la acumulación de licencias y elimina las cuotas de pantalla, entre otras modificaciones.
En el título 13 se modificó la ley del Deporte. La Confederación Argentina de Deportes pidió que se suspendan los cambios al Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física y la posibilidad de que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.
El último título es el 15 y es sobre el Turismo. La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) se presentó en la justicia en contra de la derogación del régimen general de los agentes de viaje ya que esa decisión permite que se opere en el sector sin ningún control.
Milei cruzó al gobernador de La Rioja
Este domingo, el presidente de la Nación, Javier Milei, salió al cruce de las declaraciones del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien anunció que envió un proyecto de ley para emitir una moneda propia. El mandatario nacional entiende que “está bien que lo hagan, si quieren” pero “va a tener inflación en las cuasimonedas, no en pesos”.
“La verdad es que el Gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, aseguró el Jefe de Estado en comunicación con Radio Mitre.
En ese sentido, agregó: “Está bien que lo hagan si quieren. El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten. Va a tener inflación en las cuasimonedas, pero no en pesos”.
“Si la gente usa la cuasimoneda para ir al súper, por ejemplo. Aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables, claramente van a ver una pérdida de sus ingresos”, aclaró el economista libertario.
Cabe mencionar que en las últimas horas, Quintela -en declaraciones a Radio 10- explicó que esa divisa funcionaría como lo hacía en el pasado, con una parte en efectivo y otra en bono. “Esos bonos los recibe la Provincia para el pago de servicios, impuestos y casas. También los reciben los intendentes. El banco los cambia en 48 horas”, sostuvo Quintela.
Fuente: Medios Digitales
