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¿Por qué se desató la ola de violencia en Ecuador?

10 enero, 2024
Fotos: NA

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Más de 130 guardias penitenciarios y otro personal seguían retenidos este miércoles por reclusos en al menos cinco cárceles de Ecuador, en una escalada de violencia que comenzó el fin de semana y que el presidente Daniel Noboa ha calificado como un “estado de guerra”.

La crisis pone de relieve los retos que tiene por delante Noboa, que asumió el poder en noviembre tras prometer durante la campaña electoral que frenaría la violencia, al tiempo que aumenta el transporte de cocaína a través del país por parte de las bandas de narcotraficantes.

 

¿Por qué se ha deteriorado la seguridad en Ecuador?

La seguridad en Ecuador ha empeorado desde la pandemia del coronavirus, que también golpeó la economía del país andino.

El número de muertes violentas ascendió a 8.008 en 2023, según el Gobierno, casi el doble que en 2022.

La violencia saltó al terreno político el año pasado, cuando fue asesinado un candidato presidencial anticorrupción.

Las autoridades achacan la situación al creciente alcance de las bandas de traficantes de cocaína, que han desestabilizado franjas de Sudamérica.

Dentro de las prisiones ecuatorianas, las bandas se han aprovechado del escaso control del Estado para ampliar su poder.

La violencia en las prisiones es cada vez más habitual, con cientos de muertos en incidentes que las autoridades atribuyen a las luchas entre esos grupos por el control de las cárceles.

Guayaquil, la ciudad costera más grande de Ecuador, está considerada la más peligrosa del país, ya que sus puertos actúan como centro del contrabando de drogas.

Noboa, de 36 años, ha estado promocionando su “Plan Fénix ” para la seguridad, que incluye la creación de una nueva unidad de inteligencia, armas tácticas para las fuerzas de seguridad, nuevas prisiones de alta seguridad y controles reforzados en puertos y aeropuertos.

Costará unos 800 millones de dólares, dijo, aunque Estados Unidos aportará 200 millones de dólares en armas nuevas para el ejército ecuatoriano.

 

¿Qué causó el estallido de violencia de esta semana?

La Policía informó el domingo que Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, había desaparecido de la prisión donde cumplía una condena de 34 años. Las autoridades intentan localizarlo.

Mientras tanto, se produjeron incidentes de violencia en al menos seis prisiones desde el lunes. Hasta este miércoles, más de 100 guardias y otros miembros del personal seguían secuestrados por los presos.

En Riobamba, capital de provincia en el centro de Ecuador, 39 reclusos se fugaron de una prisión, aunque algunos han sido recapturados.

La violencia se extendió a las calles el martes, con dos policías muertos en la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil.

También fueron secuestrados siete policías en todo el país, aunque tres han sido liberados.

La violencia se manifestó de forma más dramática cuando un grupo armado irrumpió en un estudio de televisión durante una emisión en directo y retuvo a los periodistas a punta de pistola. Más de una docena de personas del grupo fueron detenidas.

También se confirmaron explosiones en varias ciudades el martes, aunque no se registraron heridos.

Noboa, que ha prometido no negociar con “terroristas”, ha dicho que la violencia es una reacción a los planes de su administración de construir una nueva cárcel de alta seguridad para los líderes de las bandas encarcelados.

 

¿Qué está haciendo el Gobierno para atajar el problema?

El mandatario declaró el lunes el estado de emergencia durante 60 días -una herramienta utilizada por su predecesor Guillermo Lasso con escaso éxito-, habilitando patrullajes militares, incluso en las prisiones, y estableciendo un toque de queda nocturno nacional.

En un decreto actualizado publicado el martes por la tarde, Noboa dijo que reconocía un “conflicto armado interno” en el país e identificaba a varias bandas criminales como grupos terroristas, incluidos Los Choneros. El decreto ordenaba a las fuerzas armadas neutralizar a los grupos.

Setenta personas han sido detenidas desde el lunes en respuesta a incidentes como la toma del canal de televisión, informó la policía el miércoles.

Las escuelas cerraron este miércoles en todo el país, las clases se impartieron de forma virtual y muchas empresas optaron por mantenerse sin actividad durante todo el día.

La coalición de Noboa, una amplia alianza de grupos de centro- izquierda, centro-derecha y centristas, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, algo de lo que carecía Lasso, pero algunos ecuatorianos se preguntan por qué el presidente no toma medidas más duras contra las bandas.

El Presidente planea celebrar un plebiscito centrado en la seguridad a finales de este año, que incluiría preguntar a los ciudadanos si el Gobierno debería deshacer la prohibición de extraditar a ecuatorianos buscados en el extranjero y si debería permitirse la confiscación de bienes de presuntos delincuentes.

Fuente: agencias Reuters/NA

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Tags: EcuadorOla de violencia en EcuadorViolencia narco
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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