Con el inicio de la audiencia pública por la tarifa del gas este lunes 8 de enero, el Gobierno dio el primer paso para intentar regularizar los valores de los servicios públicos, tras años de precios congelados o que aumentaban de acuerdo a la decisión de los funcionarios de las anteriores gestiones.
En esta primera instancia, distribuidoras y transportadoras de gas natural se encuentran analizando junto a los funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) sus propuestas sobre aumentos de tarifas que rondarían pedidos que superan el 700%, según pudo saber iProfesional de fuentes del mercado.
Se trata de ajustes que serán mensuales y que se comenzarían a aplicar a partir de febrero o marzo, según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones periodísticas.
La audiencia será prolongada ya que participan 124 expositores en representación de compañías, de asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.
También se considerarán el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes.
El tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por la reversión del Gasoducto Norte. El primero en exponer, a las 9 de la mañana fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, a quien le siguió Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.
Si bien los pedidos de subas estimadas serán de hasta 700% el impacto en las tarifas de los usuarios del servicio de gas, por ejemplo, de Metrogas, no superaría el 200%, aunque la última palabra la tendrá Secretaría de Energía, cuyos funcionarios serán los encargados de determinar de manera independiente los ajustes, aunque podrá tener en cuenta las propuestas de los distintos entes.
En concreto, lo que se debate forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei de “sincerar” los precios de la economía, planchados artificialmente por años de gestiones kirchneristas donde se establecieron congelamientos y cepos que llevaron el costo del gas a precios irrisorios a partir de la aplicación de subsidios tarifarios.
De hecho, solamente el año pasado, el gobierno de Alberto Fernández afrontó, a través de subsidios, el 60% del costo de generación eléctrica y el 67,3% del gas natural.
Precisamente, el ministro Caputo sostuvo que el recorte en este sentido será de dos puntos del PBI que representa cerca del 40% del déficit.
Esta estrategia beneficiará a las empresas, ya que les permitirá recomponer sus finanzas a partir de que les ingresará dinero genuino a sus arcas que incidirán en los resultados de los balances anuales.
La idea de las autoridades nacionales es cambiar el esquema que venía funcionando hasta ahora para pasar a subsidiar la demanda en lugar de inyectar fondos en el sector, subsidiando solamente a los sectores de menores recursos.
Por eso, en la audiencia se debatirán tres precios: el de la generación (lo que cuesta producir la energía); el transporte (el sostenimiento de la infraestructura de las líneas de alta tensión) y el Valor Agregado de Distribución que es precisamente el ingreso que perciben las distribuidoras.
Desde las empresas
Las compañías del sector solicitaron aumentos de hasta 704% en las tarifas, con distinto impacto según la categoría de usuarios y su zona de residencia y con ajustes mensuales en base a un indicador que elabora el INDEC.
Esas empresas participaron de la audiencia pública que organizó este lunes -de manera virtual- ENARGAS. En ese marco, la distribuidora Metrogas, que fue representada por Sebastián Mazzuccheli, consideró necesario impulsar una “actualización tarifaria razonable, periódica y acorde a lo establecido a la licencia”.
También propuso que las tarifas se ajusten con periodicidad mensual, en base al Índice de Precios Internos al por Mayor-Nivel General (IPIM) publicado por el INDEC, y que se aplique un cargo fijo mensual para todas las categorías.
Así, reclamó un aumento de 438% a 704% para usuarios residenciales de acuerdo con el segmento que correspondan, con un impacto del 30% en la factura final.
Con ese ajuste, explicó que para un usuario residencial de Nivel 1 (R1) el incremento sería de $2.819 promedio por mes, de Nivel 2 $3.019 y de Nivel 3 $2.967.
Por su parte, las distribuidoras Naturgy y Gasnor, representadas por Marcela Córdoba, solicitaron una adecuación tarifaria de 413% promedio, que se aplicará al margen de distribución, con actualización posterior a través del IPIM.
Así, la directiva indicó que la incidencia de ese ajuste en la tarifa final usuario residencial de Naturgy Nivel 1, será de $5.416 por mes en distribución, con la tarifa final en $11.124.
En el caso de Gasnor, para el usuario residencial Nivel 1 será $3.823 por mes, con tarifa final $8.076.Según dijo, esa propuesta “representaría solo el 2% del salario promedio medido por el RIPTE”.
En tanto, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, a través de su directivo Alejandro Pérez, solicitó una recomposición tarifaria “en función de los atrasos” que llega a 421% en Pampeana y 543% en Sur.
De este modo, el usuario de mayor consumo en Pampeana paga hoy $6.662, y con la recomposición pasaría a pagar $12.383; en el caso de Sur, hoy paga $4.164 y pasaría a abonar $7.430.
“La recomposición implica un aumento para el 65% de los usuarios de Pampeana menor a $4.500, y para el 76% de los de Sur, el aumento es menor a $3.500 por mes”, detalló el ejecutivo.
También enumeró los efectos del atraso tarifario: readecuación de inversiones, afectación de la cadena de pagos e inexistencia de la rentabilidad prevista por el marco regulatorio.
A su turno, María Morra, de Distribuidora Gas del Centro y Distribuidora Cuyana, solicitó una suba de 449% en el área de concesión de la primera de esas compañías, y del 325% en la segunda, que representaría un impacto promedio final de 190% para ambas distribuidoras.
La directiva explicó que la factura promedio actual de los usuarios residenciales de las dos empresas está en alrededor de $4.500 mensuales, “cifra que representa solo el 1,1% de la Canasta Básica que mide el INDEC”, aseguró.
En ese sentido, comentó que el impacto final en las facturas de Centro será, en promedio, de $5.000, mientras que en Cuyana, de $6.000.
Néstor Molinari, de Litoral Gas, detalló que, para esa distribuidora, es necesario que la factura promedio mensual para un usuario de Nivel 1 pase de los $5.834 en la actualidad, a $10.876 desde el mes que viene, con una adecuación de $3.584 por mes más impuestos.
“Facturas más previsibles permitirán minimizar el impacto en el presupuesto familiar en meses de mayor consumo”, consideró el empresario.
En cuanto al transporte, Transportadora de Gas del Norte (TGN) -a través de Guillermo Cánovas- solicitó un ajuste de 523,5%.
Según el directivo, el impacto de ese porcentaje en la factura de un consumidor residencial promedio de Tucumán, que hoy paga $2.857 por mes, será de $650, lo que representa un aumento de 23%.
Un usuario residencial Nivel 1 de la Ciudad de Buenos Aires que paga $4.208 por mes, tendrá un incremento de $2.077 en concepto de transporte, con un incremento del 49%, según el cálculo de esta empresa.
Para Cánovas, existe una “necesidad impostergable de aprobar un régimen tarifario de transición” ya que, explicó, “desde abril de 2018 a diciembre de 2023, nuestros costos se multiplicaron por 29 y las tarifas por 5. La inflación no reflejada en tarifas en ese período fue del 523%. Esto significa que los ingresos reales de TGN e redujeron a un sexto producto del atraso tarifario”.
Electricidad
Luego de definirse el nuevo precio del gas, será el turno de la electricidad, también a partir de dos audiencias públicas convocadas también para este mes.
La primera será el 26 de enero y se debatirá el valor de las tarifas para los usuarios de Edesur y Edenor y tres días después, el 29 de enero, se pondrá en discusión el valor del transporte de energía, que impactará en todo el país.
En este caso, desde las empresas anticipan que los pedidos de incrementos rondarán también el 350%, porcentaje que impactará en una suba del 40% en las tarifas de los usuarios de las empresas distribuidoras.
En este sentido, el mecanismo es similar al del gas ya que las autoridades libertarias van a definir los precios de generación y transporte para todo el país, y el VAD en el área correspondiente a la Nación, ya que en el resto del país es definido por cada provincia.
En la actualidad, se aplica el mecanismo heredado de la gestión kirchnerista de segmentar los precios de las tarifas según el nivel socioeconómico de los usuarios.
Los que se encuentran en el nivel más alto o renunciaron voluntariamente al beneficio ya no reciben subsidios, mientras que el resto de la población se divide en dos grupos y, según su condición económica, reciben un mayor o menor porcentaje de subsidios.
Está claro que tanto en la electricidad como en el gas, las tarifas se encuentran muy retrasadas con relación a los valores reales, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que sufre la Argentina desde hace ya una década; el congelamiento dispuesto por las gestiones anteriores y la incesante suba de costos que las empresas deben afrontar todos los meses sin poder retocar sus ingresos.
Es más, solamente en el 2023 hubo un abaratamiento brutal de las tarifas, debido a la decisión del Gobierno de suspender los aumentos a partir de abril, la devaluación del dólar y la inflación.
Con este marco de fondo, el 19 de diciembre el Gobierno dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la “emergencia del sector energético nacional” hasta el 31 de diciembre próximo.
El objetivo es “establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios”.
La medida además cuestiona la política que vino aplicando el kirchnerismo al identificar “la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales para un consumo eficiente y racional de energía para los distintos segmentos y tipos de usuario”.
La medida mantiene la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el ENARGAS, los organismos encargados de la realización de las audiencias públicas, la definición de los cuadros tarifarios y el control de las empresas prestadoras.
Además, el decreto convoca a la realización de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) para los servicios de luz y gas, que deberá completarse antes de fines de 2024.
Punto por punto: cómo serán los ajustes tarifarios del gas
Solamente el incremento correspondiente al precio del gas en las facturas finales estaría en torno del 200% promedio. A eso, hay que agregarle los ajustes que el Gobierno les autorice a las distribuidoras y transportadoras. A juzgar por los planteos de las empresas y el atraso reconocido por los funcionarios, esa parte del servicio podría llegar a registrar un aumento promedio del 200% y 220%. De esta manera, el impacto final en las facturas residenciales escalaría hasta un promedio de 400% con respecto a las tarifas vigentes hasta ahora.
La segunda cuestión relevante es la vinculada con el actual esquema de segmentación tarifaria según los niveles socioeconómicos de los clientes hogareños. Rodríguez Chirillo indicó que el sistema vigente de N1 (altos ingresos), N2 (bajos recursos) y N3 (sector medio) establecido desde agosto de 2022, se mantendrá solo por tres meses más.
A partir de mayo -y una vez que el precio del gas deje de estar subsidiado y siga el valor del dólar oficial-, entrará a regir un nuevo y más acotado esquema de subsidios destinado solo a los sectores vulnerables.
De acuerdo con el análisis oficial, la segmentación que implementaron el exministro de Economía, Sergio Massa y la extitular de Energía y actual de Minería, Flavia Royón, tuvo tres marcadas falencias: los usuarios N1, N2 y N3 siguieron recibiendo subsidios generalizados porque los precios fijados en los mercados mayoristas no cubrían el total de costos, superposición de beneficiarios de planes sociales y falta de control de los padrones de usuarios con fuertes discrepancias con el RASE y la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Subsidios acotados
El nuevo esquema -que será tratado en una “audiencia pública” específica que convocará el Gobierno- se estructurará sobre cinco ejes:
1. La determinación de los ingresos totales del grupo conviviente en una unidad familiar.
2. La definición de una “canasta básica energética de luz y gas” que cubra las necesidades básicas indispensables que se determinará en una cantidad tope de kWh y metros cúbicos por mes.
3. Dicha “canasta básica energética” se adecuará a los tipos de consumo de las distintas zonas del país.
4. Para el otorgamiento de subsidios se descontarán de las cantidades los ingresos del grupo social correspondiente y se limitará la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso, subsidiando la diferencia.
5. El subsidio será diferencial cuando el costo básico de la energía supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente.
Agregó, además, que su gestión apuntará a “asegurar el suministro para que la energía se convierta en el motor indispensable para el crecimiento sostenido de la economía y la mejora del bienestar de la sociedad y a revertir el balance comercial energético deficitario en el más breve plazo, convirtiendo al país en actor confiable en los mercados internacionales”.
En cuanto a las distribuidoras y transportadoras, el nuevo interventor del ENARGAS, Carlos Casares confirmó que, junto con los incrementos de sus ingresos específicos que tendrán a partir de febrero, contarán a partir de marzo con un mecanismo de actualización automático que estará atada a la variación de los precios mayoristas. Con esa herramienta de ajuste directa, el Gobierno evitará tener que convocar a audiencia pública.
Los tiempos en juego marcan que el ENARGAS debe entregar un informe final de la audiencia en los últimos días de enero para que se aprueben las nuevas tarifas a partir de febrero.
