La decisión política del gobernador Hugo Passalacqua fue tomada en las primeras horas de ayer, tras el anuncio que realizó el presidente Javier Milei del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que dio un “golpe de gracia” a la principal función que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Fuentes oficiales confirmaron a PRIMERA EDICIÓN que el mandatario reunió a parte del Gabinete, con la presencia del subsecretario de Legal y Técnica, Hugo Aguirre, para analizar el polémico y cuestionado instrumento presidencial en la Casa de Gobierno.
La principal preocupación que habría planteado Passalacqua es que el DNU dejó “a esta importante herramienta para el sector yerbatero dibujado”, al quitarle el manejo de recursos, no permitirle discutir y fijar los precios para cada zafra, entre otros recortes decididos por la Casa Rosada.
Entonces, tomó la decisión que Misiones irá con una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra los artículos 164 a 168 del Capítulo I del DNU N°7, publicado ayer en el Boletín Oficial nacional.
En el mencionado articulado, se aplicó la “motosierra” presidencial a la Ley 25.264 de creación del INYM hace 21 años, tras un tractorazo histórico.
Según pudo saber este Diario, la medida judicial era trabajada ayer por la Fiscalía de Estado de la provincia, a cargo del abogado Fidel Duarte, de manera reservada, hasta que finalmente se concrete la presentación.
La presentación se debería realizar en el transcurso del día de hoy ante la Corte Suprema, al atacarse la constitucionalidad de una parte o la totalidad del DNU del Estado nacional por parte de otro Estado pero subnacional (en este caso Misiones).
Las fuentes explicaron aPRIMERA EDICIÓN que la medida cautelar buscaría solicitar, con un amparo que suspenda los alcances del DNU, la protección de miles de pequeños productores de la tierra colorada que podrían ver en peligro la subsistencia de sus chacras (por ende se su economía), a partir de la implementación efectiva de las medidas contra el INYM, que suponen un brusco cambio de reglas.
Además, se buscaría demostrar que el “súper decreto” terminó derogando en un día muchas más leyes que las que sancionó el Congreso nacional en un año.
Así, expondría que la discusión de cada reforma legal pudo haberse tratado en el Poder Legislativo que se encuentra legalmente constituido, a la espera de un llamado a sesiones extraordinarias.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al que adhirió la Argentina, mediante la cual “se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo”.
En un documento sobre medidas cautelares de junio de 2023, la Corte Suprema reiteró en base a la jurisprudencia argentina que “… todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifiquen resoluciones de esa naturaleza”.
No se descartó ayer, mientras se avanzaba con el equipo jurídico en el escrito judicial, que se convoque a la Cámara de Representantes de la provincia para un pronunciamiento de los diputados sobre esta preocupación. Sería un aval político a la promoción de la cautelar ante la Corte por parte del Ejecutivo misionero.
