“Por cada garrafa perdemos hasta $839, porque el Gobierno nos está obligando a trabajar por debajo del costo de producción, lo cual es inconstitucional”, señaló Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA).
La entidad reclamó ayer un incremento del precio del producto mediante un comunicado en el que informó sus costos para mostrar que trabajan a pérdida.
“Los efectos de la inflación y la falta de actualización de los precios frente a los saltos cambiarios, triplicaron en casi un año la brecha del costo de producción y el precio de venta, situación que se fue agravando por la finalización de la Asistencia Económica Transitoria, que el Gobierno no prorrogó” señaló CEGLA.
Ya en agosto la Cámara había exigido una deuda de $2.000 millones que el Gobierno le adeudaba a los fraccionadores de GLP, por la Asistencia Económica Transitoria de octubre a diciembre de 2022. La AET fue prometida por el Gobierno para evitar el aumento de las garrafas.