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Una de cal y otra de arena para Aníbal Lotocki

Confirmaron su procesamiento por la muerte de Rodolfo Cristián Zárate, pero no será acusado de homicidio por la de Silvina Luna.

17 octubre, 2023

El titular del Juzgado Criminal y Correccional N°60, Luis Schelgel, decidió este martes por la mañana que la muerte de la modelo Silvina Luna no sea investigada como un homicidio, según informó en las últimas horas el portal Infobae.

Esta decisión, que alivia la situación del misionero Aníbal Lotocki (quien le practicó en 2011 la cirugía de glúteos que supuestamente le costó la vida), se fundamenta en el principio jurídico de litispendencia, que alude a un juicio pendiente.

Lotocki ya había sido condenado en 2022 por el Tribunal N°28 a cuatro años de cárcel por las lesiones graves que sufrió la modelo, entre otras pacientes suyas, como Pamela Sosa y Estefanía Xipolitakis.

Para el juez, como esa causa aguarda la confirmación del fallo en Casación, todavía está vigente y por lo tanto hoy no se puede recaratular el expediente ni abrir uno nuevo.

El 31 de agosto pasado, Silvina Luna falleció a los 43 años en el Hospital Italiano a causa de una insuficiencia renal, atribuida al metacrilato inyectado en su momento por Lotocki.

 

Procesamiento confirmado

La buena noticia para el cirujano misionero se contrapone con otra mala conocida este mismo martes y emanada de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que confirmó su procesamiento por el presunto homicidio de Rodolfo Christian Zárate, quien falleció a los 50 años, el 16 de abril de 2021, tras diversas complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica.

Un día antes, Zárate había ingresado a la clínica CEMECO de Caballito para realizarse una dermolipectomía programada, intervención que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis, región lumbar y sacar y glúteos”.

Tras la operación, el paciente fue llevado a una habitación, donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje. En ese momento, se lo comunicaron a Lotocki, quien dispuso que Zárate volviera a ingresar al quirófano, donde le reabrió una de las heridas.

Tras pasar la noche dolorido y sin poder dormir, el paciente se descompensó la mañana del 16 de abril y fue intubado, al tiempo que personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia, cuyos médicos advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia.

En ese momento, el paciente sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo, por lo que se dio intervención al SAME, que constató la muerte y comunicó el hecho a la comisaría de la zona, donde Lotocki quedó demorado.

En junio de este año, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, Luis Schelgel, procesó sin prisión preventiva a Lotocki como autor del delito de “homicidio simple con dolo eventual” y ordenó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir los 4.804.700 millones de pesos.

“Está comprobado que Zárate no falleció por un problema estructural de salud previo que no fue advertido en los escuetos exámenes prequirúrgicos que le practicó Lotocki, ni por culpa de las ambulancias de Ayuda Médica que tardaron en llegar a CEMECO, ni porque estaba apurado por ser operado, ni porque intervino la mala fortuna, sino pura y exclusivamente porque, como bien propone el Fiscal de la causa, el acusado se representó que el paciente podía morir y, aún así, nada hizo para evitarlo”, indicó el juez.

Contra esa decisión, la defensa del médico presentó una apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que este martes concluyó que “es posible, con el grado de certeza exigido para esta etapa del proceso, atribuirle responsabilidad penal al imputado por la muerte de Zárate por cuanto su conducta resultó indiscutiblemente la causa determinante del resultado, que no se hubiera producido si no hubiera intervenido quirúrgicamente a Rodolfo Cristián Zárate, o adoptado mayores cuidados durante el control posterior a su práctica”.

En ese sentido, señalaron que existió una cadena de decisiones que adoptó Lotocki y que sumieron progresivamente al paciente “en la agonía que condujo a su fallecimiento”.

Cuestionaron también el establecimiento donde se llevó adelante el procedimiento, que solo estaba preparado -y autorizado- para intervenciones simples y ambulatorias. “Cuando volvió a la clínica a continuar operando en tan precarias condiciones, Zárate ya llevaba más de 20 horas en el lugar, había cuadruplicado la permanencia autorizada tras una simple cirugía ambulatoria. Incluso lo vio y se enteró -si es que no lo supo antes- de otros síntomas de mayor alarma aún, como la reiteración de los cuadros de baja saturación y requerimiento de oxígeno”, agregaron.

“Siguió sin reconocer la emergencia, a consciencia y con plena voluntad, a pesar de haber iniciado ya una transfusión de sangre -con dudoso procedimiento por su premura- que por ventura pudiera revertir el cuadro”, puntualizaron, por lo que consideraron que la muerte de Zárate derivó del accionar consciente y voluntario de Lotocki.

Fuentes: Infobae y fiscales.gob.ar

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Tags: Aníbal LotockiJusticiaSilvina Luna
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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