Las empresas que no acepten suscribir los acuerdos de precios que exige el Gobierno al menos hasta el 31 de octubre no podrán vender a través del plan Ahora 12, el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios.
La decisión de la Secretaría de Comercio ya fue informada al grupo de compañías vinculadas a la indumentaria, calzado pero también electrodomésticos que no tendrán esta facilidad a la hora de comercializar sus productos.
Se trata de una medida inédita, en este caso adoptada por la secretaría que conduce Matías Tombolini, y el objetivo es presionar por todos los caminos posibles para convencer a las empresas.
Hasta ahora, la prenda de cambio cuando se negociaba un congelamiento o un sendero de precios era autorizar a las empresas a acceder a dólares para las importaciones de insumos necesarios para su normal funcionamiento.
Pero como ya son muy pocas las compañías que acceden a dólares oficiales, esta zanahoria dejó de ser efectiva, por lo que se optó por medidas más contundentes.
En momentos de una fuerte caída de los ingresos, la posibilidad de comprar en 6 o 12 cuotas es clave para vender, sobre todo en rubros como la indumentaria. Por lo tanto, perder el beneficio del Ahora 12 puede resultar un duro golpe para la facturación de una determinada marca o cadena comercial.
La Secretaría de Comercio prorrogó a finales de junio la vigencia del programa hasta el 31 de enero de 2024, siendo un plazo prorrogable, que regirá solo para aquellas empresas que se encuentren suscriptas en los convenios del programa “Precios Justos”, aunque exceptúa de este requisito a las micro, pequeñas y medianas (MiPyME).
La decisión, anunciada a través de la resolución 1.041/2023 publicada en el Boletín Oficial, remarca que “podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país, provistos por quienes hayan suscripto los convenios respectivos en el marco de Precios Justos”.
Mirando el INDEC
En este sentido, el Gobierno avanzó en negociaciones con supermercados y alimenticias para que las remarcaciones de precios no superen el 5% mensual al menos hasta las elecciones. Sin embargo, muchas empresas se negaron a firmar, ya que significaría “vender a pérdida” -señalan- luego de la fuerte suba en los costos de los insumos.
En el caso de empresas de electrodomésticos, las subas acordadas hasta fin de octubre fueron de 25%, al igual que en el caso de las motos.
Con las automotrices, se llegó a un acuerdo para congelar el precio de un modelo de auto económico por marca, a cambio de destrabar importaciones.
“Al día de la fecha, se hace saber que las siguientes empresas no han suscripto el convenio de Precios Justos, motivo por el cual los bienes provistos por ellas no podrán ser alcanzados por el financiamiento previsto en el programa Ahora 12”, indica la nota de la Secretaría de Comercio a la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC).
Esta decisión generó mucho ruido, sobre todo en el sector de indumentaria.
El objetivo del ministro Sergio Massa es extender todo lo posible los congelamientos y la administración de precios con el objetivo de llegar con mejores chances a las elecciones presidenciales.
La mirada está puesta también en el dato de inflación de septiembre, tras la aceleración del índice de agosto, que llegaría a niveles récord por arriba del 10%. Por eso, la idea es reducirla para que el dato del INDEC arroje nuevamente un dígito este mes. El dato se conocerá el 12 de octubre, diez días antes de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, hay dificultades en esa búsqueda de reducir la inflación, ya que los costos de las empresas aumentaron fuerte con la devaluación del 22% de agosto. Y a eso se agregan las paritarias y la suma fija para los salarios que dispuso el Gobierno por decreto.
Esta situación provoca que muchas empresas se vean obligadas a vender sin rentabilidad o directamente a pérdida, lo que explica la resistencia entre los ejecutivos por suscribir los acuerdos de precios.
En los últimos días se cerraron acuerdos para congelar precios de combustibles, prepagas, medicamentos, las tarifas de colectivos, trenes y posiblemente luz y gas, a pesar de las promesas efectuadas en sentido contrario al Fondo Monetario Internacional (FMI).
