Trabajadoras de la Defensoría del Pueblo de Posadas denunciaron al titular de ese organismo, Alberto Penayo, por presunto “abuso de poder y violencia de género”, del que serían víctimas desde hace tres años. La acusación alcanza también a otros funcionarios jerárquicos de la oficina.
El tema se abordó en una conferencia de prensa que organizó la Asociación Civil “Huellas de Género Misiones”, que se encuentra acompañando y asesorando a las presuntas víctimas, que se realizó en las instalaciones del Sindicato de Empleados Municipales de Posadas (SOEMP). Dijeron que 6 mujeres pidieron ayuda pero 3 formalizaron los cargos.
En ese contexto, Fernanda Fedeli, presidenta de la Asociación, confirmó que son tres mujeres las denunciantes, aunque aclaró que habría más trabajadoras que “por miedo” decidieron no hacer la denuncia aún. “Durante estos tres años, fueron más las mujeres, específicamente, en las que se han presentado situaciones similares, pero siempre quedó en el relato y el miedo que tenían a perder su fuente laboral”. apuntó.
Además, Valeria Ocampo, abogada de la asociación, señaló que los episodios habrían ocurrido en el ámbito laboral y que comprenderían amenazas, minimización, abuso en las condiciones laborales, discriminación, maltrato, menosprecio, violencia económica, de poder y acoso sexual; entre otras acciones y expresiones ofensivas orientadas a menospreciar y desprestigiar a las víctimas por parte del funcionario en cuestión.
“Él las retaba, les decía ‘si ustedes llegan a hacer algo, yo me voy pero se que queda mi gente acá’; mensajes o comunicaciones despectivas al cuerpo de las chicas, ‘Si yo tuviese 20 años menos que vos saldría con vos’, estamos hablando del acoso como ‘tenés buen cuerpo’, etc. Daba golpeteos en la mesa, gritos, insultos a las empleadas”, reconstruyó la letrada.
Agregó que los hechos fueron denunciados en el Ministerio de Trabajo y Empleo provincial, que es un ámbito conciliatorio y no obligatorio, pero no descartó que avance hacia la Justicia ordinaria.
“A las denunciantes les sirve para mostrar la buena fe de ellas en su enfoque hacia la conciliación y poder buscar una alternativa a este tipo de situaciones. Esto se está llevando a cabo por medio de la oficina de violencia laboral que depende del Ministerio de Trabajo. Aun así, las víctimas tienen abierta la vía para recurrir a la vía judicial en materia laboral y, en caso necesario, incluso llevar el caso a la Justicia penal”, acotó.
Víctimas, asistidas
Fedeli marcó que las víctimas están siendo contenidas, dos se encuentran bajo tratamiento psiquiátrico y fueron reasignadas debido a que el denunciante continúa en sus funciones.
“Ahora no se encuentran en la ciudad (las víctimas) porque están con mucho miedo por lo que puede llegar a pasar, el temor de la represalia. Están amenazadas”, advirtió.
Además, aclaró que las situaciones de violencia habrían comenzado desde el momento que el Defensor asumió el cargo hace tres años.
“La agresión institucional incluyó amenazas de posibles sanciones o represalias, totalmente injustificadas, por parte de los funcionarios denunciados que pusieron en vilo a las trabajadoras, ya que se traducen en intervenciones de tipo ‘disciplinarias’ a quienes se atreven a efectivizar este tipo de denuncias, cercenando sus derechos y garantías”, aseveró.
Para Fedeli, “esto requiere un profundo cambio en todos los estamentos del Estado, sobre todo que se sancione y que no se les vuelva a permitir ocupar cargos públicos. Debe haber inhabilitación para cargos públicos en aquellos casos en los que se haya comprobado la existencia de violencia por razones de género en el ámbito laboral”.
El SOEMP acompañó
En la conferencia estuvieron presentes también Graciela Benítez, secretaria adjunta del SOEMP, y Hugo Ferreira, secretario general del gremio. También fue parte Luis Holz en representación del Movimiento de Inclusión Renovadora. “Quiero felicitar a las compañeras que tuvieron la valentía de hacer la denuncia y hacerlo público. A quienes estén en una situación similar, les pedimos que denuncien y lo hagan público”, pidió Ferreira.
Por su parte Benítez recordó que el SOEMP tiene asesores jurídicos para este tipo de situaciones.
“Nosotros no podemos mantenernos ajenos a estas situaciones.Tiene que haber un gremio y una institución que respalde estas denuncias y proteja a las trabajadoras frente al miedo y la persecución”, concluyó.
