El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó, por mayoría, a seis años de prisión al exjuez federal de esa ciudad Carlos Soto Dávila, tras encontrarlo culpable de los delitos de “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado en tres oportunidades en concurso ideal con tres hechos de prevaricato, todos ellos en concurso real”.
Además, el exmagistrado fue inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos y deberá abonar una multa de 37.500 pesos. El 16 de agosto se conocerán los fundamentos del fallo.
Soto Dávila había llegado a juicio acusado de liderar una organización criminal que beneficiaba a narcotraficantes a cambio de dádivas.
El Tribunal que condenó a Soto Dávila estuvo compuesto por los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones) debido a la excusación de los integrantes originales por su relación con los exfuncionarios acusados en juicio.
Otros dos funcionarios del Juzgado Federal cuando estaba a su cargo fueron condenados: Pablo Carlos Molina a cinco años de prisión, inhabilitación especial perpetua y multa de 32.500 pesos como responsable de los delitos de “cohecho pasivo agravado en dos oportunidades en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario y cohecho pasivo en una oportunidad, todos ellos en concurso real”, y Federico Alberto Grau a cuatro años, inhabilitación perpetua y la misma multa por los delitos de “cohecho pasivo agravado en una oportunidad en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario”.
También fue condenado a dos años de prisión el abogado Duylio Horacio Barboza Galeano como coautor penalmente responsable del delito de “cohecho activo agravado”.
Además, los jueces homologaron los acuerdos de juicio abreviado que se firmaron antes del inicio del debate y condenaron a los abogados Antonio Serial y Jorge Vallejos a la pena de dos años de prisión y al narcotraficante que ya había sido condenado en el marco de la causa de Itatí, Carlos Barreiro, a la pena de tres años y ocho meses.
Finalmente, los abogados Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione; el exintendente de la ciudad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone -que ya había sido condenado en el marco de la causa de Itatí-; y el narcotraficante Pablo Nicolás Torres fueron absueltos mientras que se ordenó reservar las actuaciones relacionadas a Federico Marín.
El juicio había comenzado el 21 de junio de 2022 y a lo largo de las audiencias declararon más de 60 testigos. Junto al fiscal Schaefer intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal de esa oficina Martín Uriona. Los alegatos se realizaron a lo largo de dos jornadas que se realizaron el pasado 27 y el 30 de marzo.
Allí, los representantes del MPF habían considerado que en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado Federal N°1 de Corrientes se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico.
Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso se reprochaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico.
Fuente: Fiscales.gob.ar
