La Ley 27.551, conocida como Ley de Alquileres, obtuvo su sanción definitiva en el Senado de la Nación en junio de 2020. Esta herramienta jurídica regula, entre otros aspectos, la forma y el plazo de actualización del monto de los alquileres de inmuebles y la duración de los contratos y las garantías.
A raíz de los índices inflacionarios y de la incertidumbre que genera un contexto económico condicionado justamente por el constante aumento de precios, en las últimas semanas se reavivó el debate entre diferentes sectores que plantean posturas disímiles ante la Ley de Alquileres.
Un debate parlamentario, incluso, gira en torno a la posibilidad de modificar o derogar -según el caso- la normativa. Pero lo concreto, hasta el momento, es que la ley mantiene su vigencia y su reglamentación original.
La discusión gira en torno a posturas que -desde el sector inmobiliario y de propietarios mayormente- coinciden en que la ley habría producido una “retracción de la oferta” y un anticipo de mayores costos por parte de los dueños de inmuebles. En tanto, desde las organizaciones que representan a los inquilinos, defienden la ley y advierten que “la implementación de la ley implicó un ahorro aproximado equivalente a un mes de alquiler por año para los inquilinos”.
Un aspecto clave de la ley, tiene que ver con el plazo mínimo para un contrato de alquiler, que antes de la sanción de esta norma era de dos años y ahora es de tres. Así mismo, a partir de la vigencia de esta ley los contratos deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), algo que previo a la sanción de la norma no era necesario.
En lo que a la actualización del monto del alquiler se refiere, la ley es clara en cuanto a que “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”. Estos ajustes, siempre de acuerdo al texto normativo, “deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”, es decir, un índice salarial. Por ello, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica todos los días dicha fórmula, denominada Índice de Contratos de Locación (ICL).
En recientes declaraciones, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Pablo Daviña, subrayó que la ley de alquileres “no trajo ningún beneficio a los inquilinos y tampoco a los locadores, por lo que se retrajo mucho la oferta de inmuebles para alquilar. La ley estableció reglas de juego muy restrictivas”.
Desde una perspectiva discordante, la Asociación de Inquilinos Agrupados publica regularmente informes basados en datos oficiales y estadísticas que son interpretados en favor de la ley. “Los impactos de la regulación establecida por la ley son varios y exceden la actualización de precios locativos. Esto implica un beneficio para los hogares inquilinos al brindar mayor estabilidad en el acceso a la vivienda, y un ahorro económico”, señalaron desde esa agrupación.
Importancia de la formación
Ante este panorama, la implementación de la ley y el debate abierto, abren fuertes desafíos para la formación de profesionales del sector inmobiliario. En este sentido, la oferta con la que cuenta la Universidad Gastón Dachary (UGD), resulta relevante tanto para quienes ya se encuentran desempeñándose dentro del negocio inmobiliario, como para aquellas personas que deseen adquirir las herramientas y títulos necesarios.
La Licenciatura en Corretaje y Negocios Inmobiliarios, se dicta de manera virtual y cuenta con la dirección del reconocido arquitecto Javier Grandinetti, y la participación de un plantel docente compuesto por profesionales de excelencia de nivel nacional e internacional del sector.
“Quienes cursan la licenciatura tienen la posibilidad de iniciar su trayecto formativo a través de las Diplomaturas Universitarias en Tasación de Inmuebles, en Negociación y Marketing Inmobiliario, en Gestión Inmobiliaria y en Proyectos Inmobiliarios, con la posibilidad de obtener el título intermedio de Tasador y Corredor Inmobiliario”, indicaron desde la institución académica.
“Debates como el de la Ley de Alquileres y muchos otros aspectos que hacen al universo del corretaje inmobiliario, están incorporados en el aprendizaje. Estos trayectos académicos son herramientas esenciales para el rubro”, destacaron desde la UGD.
“Tenemos que formarnos mucho más profundamente, más seriamente, porque la sociedad necesita una respuesta concreta. El acceso a la vivienda no es un tema menor, es el tema que funde a una sociedad y tenemos que comprometernos con eso”, señaló, por su parte, el arquitecto Grandinetti.
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