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“Al jubilarnos, terminaremos todos indigentes y dependiendo de los hijos”

Según hicieron público los afiliados de CAPROSA, los primeros profesionales de la salud jubilados por esta caja perciben una jubilación promedio de 42.000 pesos y a eso deben restar 5.000 pesos para tener la obra social provincial.

17 mayo, 2023
ASAMBLEA. La asamblea fue multitudinaria y muchos quedaron afuera.

ASAMBLEA. La asamblea fue multitudinaria y muchos quedaron afuera.

La Caja de Profesionales de Salud (CAPROSA), a la que aportan en forma obligatoria los bioquímicos, farmacéuticos, químicos, kinesiólogos, fisioterapeutas, odontólogos y ópticos de toda la provincia, realizó este sábado su asamblea ordinaria anual en Posadas con una importante participación de sus afiliados que manifestaron su descontento y solidaridad con los primeros jubilados de esta caja profesional que ni siquiera cobran el valor de la jubilación mínima de 58.665 pesos.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el farmacéutico Daniel Ramírez, uno de los profesionales que comenzaron a exponer la vulnerabilidad del sistema previsional del sector profesional, aseguró que “los primeros jubilados de esta caja, con 21 años de aportes y 65 años cumplidos, cobran una jubilación promedio de 42.000 pesos y para acceder a una obra social, gracias a un convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS), deben aportar 5.000 pesos por mes, por persona, es decir que les quedan 37.000 pesos para sobrevivir lo cual es una situación macabra. Por esa razón, son muchos los profesionales que se jubilaron pero siguen trabajando”.

 

“La inflación supera la rentabilidad”

Para los profesionales de salud el aporte mensual a la caja es obligatorio y gradual, dependiendo de la edad, desde 8.000 para los recién recibidos a 20.900 pesos para los mayores de 50 años. “El monto de la jubilación depende de los aportes de cada profesional porque se capitalizan en un fondo individual. Pero, más allá de los aportes, la rentabilidad es muy baja. Según el balance de 2022, hubo una rentabilidad del 80% cuando la inflación superó ampliamente ese porcentaje… por lo que en un año perdimos un 20% del valor del fondo”, indicó Ramírez.

Según precisó, los profesionales de la salud que se desempeñan en el sector privado tampoco cuentan con obra social, a menos que abonen los 5.000 pesos por cada integrante de su familia para la obra social provincial.

“La situación es muy triste, al jubilarnos pasamos de ser profesionales a indigentes… hasta cobramos menos que un jubilado nacional sin aportes que además tiene la obra social del PAMI. Una persona que se jubila no puede prescindir de una obra social”, remarcó.

 

“Terminamos indigentes”

Según contó Ramírez, junto a un grupo de colegas farmacéuticos comenzaron a tomar conciencia de la situación hace un año.

“Desde cualquier punto de vista, la situación es muy grave. Al jubilarnos, los profesionales de la salud terminaremos todos indigentes y dependiendo de nuestros hijos”, aseveró.

“La comisión directiva actual de CAPROSA nos recomienda que aportemos más del monto obligatorio pero la verdad es que no hay garantía. Esto es como poner tu dinero en una caja de ahorro donde uno sabe que ese dinero perderá valor”, señaló. Quizás esta sea una de las razones por la que hay una alta tasa de morosos en esta caja previsional.

“A nosotros nos obligan a invertir en algo donde sabemos que saldremos perdiendo”, remarcó Ramírez.

 

No les habilitaron la lista

Según contó el farmacéutico, junto a otros colegas presentaron una lista para participar en las elecciones para presidente y vocales de la comisión directiva de CAPROSA pero no la validaron.

“Nos dieron los requisitos un viernes a la tarde y nos dieron tiempo para presentar los papeles hasta el lunes siguiente, pasamos todo el fin de semana buscando los avales, los candidatos que tenían que ser de toda la provincia y con representatividad de todas las profesiones, todo ante escribanía… pero no habilitaron la lista porque cometimos algunos errores y no nos dieron más tiempo”, señaló.

Este sábado ganó la lista 1 para comisión fiscalizadora, que apoya el sector de Ramírez, encabezada por Marisol Unternahrer.

Tags: #saludAportesCaprosaDaniel RamírezjubilaciónMisiones
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El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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