Un centenar de jubilados docentes de Misiones decidió ir a la Justicia en 2014, durante el primer mandato de Maurice Closs, para solicitar que el Instituto de Previsión Social (IPS) les pague un retroactivo no abonado dentro de la movilidad salarial. Fue en el marco de una lucha que duró muchos meses, para que el Gobierno haga inmediato el cálculo de incremento, a medida que se aumentaban los sueldos del personal activo.
En medio de un largo proceso judicial, con los tiempos del Superior Tribunal de Justicia misionero donde no hay reparos por la edad de los litigantes, un grupo de educadores retirados convocó para el 2 de mayo a las 10 horas a una marcha frente al Palacio de Justicia por avenida Santa Catalina, en Posadas.
De los 90 días hábiles que el STJ supuestamente tiene para dictar sentencia, ese plazo se excedió y la paciencia de los docentes retirados también.
El abogado patrocinante y expresidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi, advirtió en FM 89.3 Santa María de las Misiones que “estamos hablando de personas que digamos que no tienen mucho tiempo para esperar. Se nos han ido. Han muerto nuestros clientes. Más de un 10% ha fallecido y no ha podido recuperar sus haberes que no les pagaron”.
A su vez, el letrado explicó que “son más de 100 docentes jubilados que, como tienen diferentes situaciones, se han repartido en grupos de cinco y hemos iniciado acciones. Hay algunos casos que están con diferentes tiempos de proceso. Hay causas que ya están hace 2 años y casi medio de espera para dictar sentencia; y hay otras que están todavía en la etapa de prueba. Pero en promedio está casi terminado, la mayoría de ellas están casi todas terminadas y ya para dictar sentencia”, explicó.
Bacigalupi precisó que, para evitar esta judicialización, “el IPS debió haber enfrentado la situación y pagar, esta gente incluso ha estado de acuerdo a llegar a convenios o tratar de resolver estas situaciones pero no hubo nunca voluntad favorable al pago. Si bien también, y hay que ser leal con la información, el IPS fue actualizando los haberes de los jubilados porque las acciones pretendían no solamente recuperar los retroactivos desde el 2006, casi 10 años de deuda del IPS, sino además la actualización que no estaba ocurriendo”.
El expresidente del Colegio de Abogados de Misiones graficó a sus clientes como “gente que trabajaba en la frontera, o sea, gente que hizo patria, a la que tenemos que rendir culto y agradecimiento. Pero se le estaba pagando de una manera terrible, estaban bajo el límite de pobreza. Luego se actualizó el haber, pero no se les pagó la deuda y así se está muriendo la gente…”.
“O sea, no saben qué hacer porque recurren a la Justicia y la Justicia no les da una pronta solución, como dicen los tratados internacionales”, se lamentó.
“Sentimos que no habrá respuesta”
En la entrevista, Rodrigo Bacigalupi reveló cuánto es el monto promedio que debe cobrar cada docente: “El promedio son 250 mil pesos, hay algunos de 500 mil a montos del 2014-2015. Claro que hay que actualizar (con intereses por el tiempo transcurrido). Cifras considerables en esa época, cercanas a los 30.000, 40.000 dólares los mayores y 10.000, 12.000, 15.000 dólares de aquella época los menores. Pero bueno, lamentablemente no hay respuesta y lo que sentimos es que no va a haber respuesta”.
En ese sentido sostuvo que “no hay interés en dictar las sentencias que tienen que dictarse. Eso los jubilados lo están sintiendo, me llaman todos los días, continuamente al estudio, qué pasa con esto, qué pasa con esto y la verdad que ya no tenemos respuesta por eso ahora se están organizando para hacer una manifestación el 2 de mayo, que me comunicaron hace poco”.
En supermercados, bancos hay trato preferencial, en el STJ no
El abogado que patrocina a los maestros jubilados se quejó porque la Justicia misionera no tiene en cuenta la edad de sus defendidos para resolver.
“Uno conoce la realidad, lo que no se explica es por qué no le dan prioridad, trato preferencial a los jubilados, a las personas mayores, porque hay una Convención Interamericana de Derechos Humanos de las personas mayores, que dice que hay que darles prioridad. Es decir, si uno tiene 20 expedientes y tiene que seleccionar, yo diría a los niños y los adultos, ancianos, porque son la franja más débil de toda la sociedad. Pero, lamentablemente, la realidad indica que esto no ocurre, que no se le da el trato preferencial como cuando uno se va a un banco y le dan trato preferencial a las personas mayores, pero la Justicia no adopta ese tipo de criterios”, aseveró.
