La Defensoría del Pueblo de Oberá exigió al Ejecutivo municipal, a cargo del intendente Pablo Hassan, explicaciones sobre los diversos problemas que presenta el servicio de transporte urbano de pasajeros.
A través de una comunicación pidió conocer los motivos por los que no se implementa, hasta el momento, el “Sistema Unificado de Movilidad Oberá (SUMO)” en el municipio.
Para ello, detalló en el pedido las fechas del pliego de condiciones generales en la licitación 01/2022 del Transporte Urbano de Pasajeros obereño.
También solicitó que se detalle a cuántos pasajeros transportaron las empresas, cuál es la recaudación mensual por el cobro de tarifas y cuántos subsidios han devengado las concesionarias encargadas de brindar el servicio.
Por otra parte, busca saber por qué las empresas adjudicatarias no instalaron los equipos de monitoreo para transporte urbano de pasajeros (máquinas boleteras y cámaras) adquiridos por la Intendencia en fecha (21/07/2021) cuya adquisición implicó una erogación de quince millones de pesos ($15.000.000,00).
En otro de los pedidos apuntó al escaso estado de avance de la infraestructura edilicia y vial de los nodos de intercambio del transporte público urbano de pasajeros, movilizados por la incertidumbre sobre las fechas de culminación de esos trabajos.
Sistema nuevo inexistente
Entrevistada por FM 89.3 Santa María de las Misiones la defensora del Pueblo Adjunta de Oberá, Luciana Barella, comentó que “hay muchas falencias que tiene el sistema desde que se implementó el año pasado por cuestiones de emergencia en Oberá. Todavía, después de tanto tiempo no ha dado buenos resultados para la ciudadanía”.
Además, indicó que “cuando Capital del Monte se quedó solamente con el 10% de la concesión, decidió renunciar al servicio y se fue. Las nuevas empresas (del Grupo Z) ocuparon ese espacio, que era urgente de cubrir. Y empezaron a funcionar, lo que todavía está activo, los contratos de emergencia. Se firmaron otros contratos en diciembre pero todavía no entraron en vigencia. No tenemos el nuevo sistema, ni lo que se prometió en el pliego de condiciones”.
En esa línea, advirtió que “una de las cuestiones más básicas es que la empresa había dicho que se iba a hacer cargo de realizar las terminales de transferencia, pero hasta el día de la fecha todavía no las hicieron. Comenzaron con las obras, pero son simplemente paradas con techitos en las que entran cuatro personas. Incluso, los techos son muy chicos, no tienen laterales, están a la deriva, con una pequeña lluvia o cambio de clima el usuario sufre”.
Aclaró que “el ente de contralor es el Ejecutivo municipal que debe poner límites a las empresas del transporte público. Nosotros (la Defensoría) somos quienes exponemos, sugerimos e intimamos ahora a la Municipalidad, a través del área de Movilidad Urbana, para que regule el sistema y pueda controlar a las empresas para que den un servicio moderado a la ciudadanía, y que sea algo que sirva”.
“Tenemos muchos problemas, se recortaron líneas, frecuencias, se achicaron los caminos y también hubo reducción de horarios”, cuestionó Barella.
Inversión que no se utiliza
Al mismo tiempo, cuestionó que “no se está utilizando el sistema SUMO, porque dicen que no logran adaptarse. Por eso, desde la Defensoría presentamos una intimación al Ejecutivo municipal para que explique urgentemente por qué no se está utilizando el servicio que la ciudad está demandando”.
Recordó que la inversión para el equipamiento “en ese momento fue a valor de 15 millones, pero hoy tendría un valor de 36 millones si actualizamos el precio”.
Millones en juego
Pese a que desde julio del año pasado operan bajo un contrato de emergencia, días atrás, Marcelo Zbikoski, propietario del denominado Grupo Z al que pertenecen las empresas concesionarias del servicio urbano de pasajeros de Oberá (Next y Guacurarí), reclamó en declaraciones televisivas una deuda de casi mil millones de pesos, motivo que impulsó una demanda iniciada a la comuna administrada por Pablo Hassan.
Debido a esto, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación para que el Municipio aclare la situación.
“Exigimos al intendente interino Pablo Hassan explicación sobre la deuda de casi mil millones de pesos que perjudica a los obereños”, manifestó la concejal Mara Frontini sobre el pedido de informe “exigiendo a Hassan información real y certera sobre la deuda de $941 millones denunciada en medios periodísticos por el empresario Marcelo Zbikoski”.
Sin embargo, la Defensora del Pueblo criticó la movida empresarial considerando que “la empresa demandó al Municipio y reclama 940 millones de pesos. Es una cifra exorbitante por el nuevo sistema que encima todavía no rige”.
Plata perdida del usuario
Por otro lado, desde el pasado lunes la empresa Servicios Urbanos, encargada de administrar los QR en las unidades del Grupo, suprimió la necesidad de hacer el cierre del viaje luego de reiteradas quejas de los consumidores.
Pese a esto, Barella señaló: “Yo no tengo automóvil, me manejo con los colectivos, y me pasó incontables veces que cuando uno sube con la aplicación, al tener el pésimo sistema de check in y check out, la empresa jamás te devuelve el check out. Eso nunca se realiza correctamente. Jamás funcionó. El sistema fue un fracaso”.
“Ahora se empezó a implementar solamente el check in. Pero eso es lo que correspondía hacer desde el momento de inicio, no después de 8 o 9 meses porque ¿quién me devuelve la cantidad de veces que subí al colectivo, hice el check in y no me devolvieron el check out?”, se preguntó y subrayó al finalizar que “el usuario perdió muchísima plata con ese sistema que no funcionó”.
