“No firmo porque no puedo. Vos el 10 de diciembre te vas y yo si te doy bola mi compañía se va al tacho. No puedo seguir con este nivel de inflación y sin poder aumentar, porque pongo en riesgo la salud de 2.000 familias, que dependen de nosotros”.
La frase, cruda pero real, fue escuchada con sorpresa por Matías Tombolini, secretario de Comercio, y pertenece a un ejecutivo de una de las empresas de alimentos más importantes del país, que a fines de marzo se animó a tomar la decisión de salir del programa de Precios Justos.
Con una inflación de 7,7% en marzo, un acumulado del 36% desde que se relanzó la canasta oficial en octubre del año pasado, las empresas ya comienzan a advertir la crisis que se viene para la continuidad del programa hasta junio próximo.
De hecho, son varios los ejecutivos que tomaron la misma decisión de comenzar a sacar a sus empresas de Precios Justos por el mismo motivo: la imposibilidad de recuperar la suba de los gastos frente a los límites impuestos por el Gobierno, de permitir incrementos del 3,2% y mantener congelados otros 1.500 productos.
“El gremio logró un ajuste salarial del 45%, acumulado entre enero y abril y nosotros no podemos aumentar más del 3,2%, lo cual hace cada vez más inviable que podamos seguir en el programa”, se sinceró otro empresario consultado por iProfesional.
De hecho, el sindicato de la alimentación cerró una paritaria anual que ronda el 104%, que preocupa a las compañías del sector para poder hacer frente sin tener que meter subas solapadas en los precios.
“El azúcar la pagaba en octubre $120 y ahora me cuesta $290”, agregó otro empresario que utiliza el insumo para su producción, al igual que las cajas de cartón que ahora debe abonar con subas de hasta el 50%.
Empresarios amenazan
Con este escenario, y un consumo doméstico en caída, las empresas alimenticias empiezan a rebelarse en contra de la continuidad del programa oficial lanzado por el ministro Sergio Massa, con el objetivo de reducir la inflación mediante un estricto control de precios que en realidad va camino al fracaso.
“A nosotros no nos gusta trabajar con inflación, porque de pasar de mirar costos cada cuatro meses ahora lo hacemos una vez por semana”, señaló otro hombre de negocios que también recordó la elevada carga impositiva que debe cumplir la industria.
En especial, aquellas que tienen la necesidad de importar materias primas que no existen en el mercado local y que con la nueva medida adoptada por el Gobierno sufren retenciones que las empresas recién pueden descontar a los nueve meses.
“Son medidas que terminan en el precio del producto, porque como empresa no podemos soportar financiar al Estado tanto tiempo”, agregaron los empresarios, quienes recordaron también los costos tributarios que tienen que cumplir como Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto al Cheque, además de las cargas sociales y los salarios de la mano de obra.
En otros casos, hay empresas para las cuales Precios Justos abarca productos con un alto nivel de subsidio a través de los fideicomisos para la harina y el trigo, por ejemplo que, en la medida que se mantengan pueden seguir abasteciendo las góndolas con las pautas del programa.
Pero son pocas las empresas, ya que el resto, con estos niveles de inflación, advierten que la canasta se convertirá en “insostenible” y está en camino de sumarle un nuevo fracaso al Gobierno.
La postura del Gobierno
Cerca de Tombolini reiteran que “harán todo lo posible” para sostener el programa, y hasta admiten que podrían ponerlo en revisión y establecer ciertos cambios que permitan llegar por lo menos hasta junio.
La fecha se debe a que hasta ese mes debería regir Precios Justos, tal como lo ideó la Secretaría de Comercio, con una lista numerosa de productos que surgió de intensas negociaciones con los proveedores para su conformación final, además de haberse establecido un tope a los aumentos mensuales de 3,2% para 49.832 productos de 15 rubros (consumo masivo, calzado, celulares, venta directa, hogar y construcción, indumentaria, entre otros).
Riesgo de desabastecimiento
Las reuniones de los empresarios con Tombolini se tornaron cada vez más críticas, a pesar de que el funcionario intenta hacer equilibrio entre el enojo empresario y la falta de resultados de la gestión del ministro de Economía para controlar la inflación, tal como lo había prometido cuando asumió su cargo al frente del Palacio de Hacienda.
Ya en el sector venían advirtiendo que abril será un mes bisagra para la continuidad de Precios Justos, porque entienden que hasta ahora han venido acompañando el rango de aumentos del 3,2% permitido por las autoridades nacionales para ciertos productos y el congelamiento total de los que se encuentran dentro del programa oficial.
Pero advierten que no hay más margen para mantener la misma política con los costos subiendo por encima incluso de la inflación, por lo cual reclaman cada vez con más fuerza revisar la pauta de incrementos.
Los cuestionamientos son cada vez más fuertes, a pesar de que la mayoría de las empresas dejan en claro que siguen acompañando la política oficial que lidera Tombolini y que van a hacer todo lo posible por continuar respaldando la medida.
“Pero es imposible que podamos mantener todo igual”, advierten desde otra importante compañía en la cual también anticipan que si el Gobierno no modifica la fórmula de Precios Justos se corre el riesgo de ingresar en un proceso de desabastecimiento.
No sólo por la suba de costos, sino porque el Gobierno tampoco cumplió con la promesa de liberar las importaciones de insumos para las empresas que participan de Precios Justos durante seis meses, lo cual genera que muchas líneas de producción deban frenarse o ser modificadas.
