Tomó trascendencia nacional la demanda al Superior Tribunal de Justicia (STJ), realizada por el Colegio de Abogados de Misiones contra la Acordada 139/19, que puso en vigencia el “Protocolo de Gestión de Pruebas para el Fuero Civil y Comercial”, sin una ley de la Legislatura. En ese sentido, la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) evalúa presentarse en las actuaciones judiciales en carácter de amicus curiae, dada la gravedad institucional, y además dirigirse ante al Poder Legislativo de Misiones, como poder del Estado afectado.
La FACA nuclea a 23 colegios de abogados y ya manifestó un fuerte interés por la cuestión. El propósito de utilizar la figura de amicus curiae (posibilitado para determinados procesos judiciales del que pretenden participar terceros ajenos a la causa), es para ofrecer una opinión basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico a los fines de ilustrar a los magistrados que deban resolver la denuncia, en cuestiones de trascendencia colectiva o interés general.
Con esta estrategia, se buscará que la causa no caiga en una dilación interminable (el STJ no tiene plazos específicos para expedirse al respecto). Es que entre los denunciantes temen que exista un interés de la conducción del Poder Judicial por “patear” las definiciones que esperan en el corto plazo, ya que el protocolo se está implementado.
Desde que presentó la demanda de inconstitucionalidad, el 20 de marzo último, a la fecha no ha habido grandes movimientos más que una resolución (de dos renglones) dictada el lunes 10 de abril último (20 días después de iniciada la causa) mediante la cual solo se la tuvo por presentada y se ordenó incorporar la “Acordada 139/19 en original o fotocopia certificada”, según el escrito que lleva la firma de la presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.
Pero, por ejemplo, no se abocaron en el máximo Tribunal judicial provincial a tratar la recusación de los mismos, ya que es esta misma composición del cuerpo la que implementó el protocolo cuestionado.
Mientras tanto, la abogacía misionera representada en el Colegio, con apoyo de la FACA, buscaría que el Poder Judicial deje sin efecto la denunciada resolución y convoque al diálogo, algo que pese a la demanda todavía no hizo.
Como ocurre con la Justicia misionera en su lento funcionamiento en general, el STJ se toma su tiempo en responder y solicitar formalidades hasta para obtener una copia de la norma que puso en práctica, generando el rechazo de los profesionales del derecho.
Cabe recordar que el conflicto se generó porque el STJ modificó con una resolución el proceso escrito en la Ley XII N°27 de Procedimientos Civiles y Comerciales, reemplazándolo por un sistema oral que, en los hechos, altera y modifica partes de la citada ley. El mecanismo correcto para ello debió ser un debate parlamentario, mediante el cual se determine si lo propuesto por el STJ es correcto.
Desde el Colegio de Abogados de Misiones pidieron en septiembre de 2022 que no se ponga en marcha pero no fueron escuchados. Por ello, llegaron a denunciar el protocolo de oralidad por el cúmulo que significa para los magistrados del fuero llevar adelante lo exigido por la norma del STJ.
Inconstitucional e inaplicable
El Colegio de Abogados de Misiones presentó en septiembre de 2022 un informe del Observatorio de Justicia del Colegio, basado en estadísticas oficiales del propio Poder Judicial, que acreditaron “la inaplicabilidad, falta de un análisis previo y adecuado” del protocolo de oralidad, “dado que al ser aplicado a los Juzgados Civiles y Comerciales de la Primera Circunscripción y contando con una sola sala de debates, resulta materialmente imposible su cumplimiento ya que de ser aplicado en las condiciones actuales provocará una paralización y agravamiento de la mora judicial”.
En una reciente entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el titular del Colegio, Antonio López Forastier, advirtió que “estamos frente a un Poder Judicial que no convence a los operadores del sistema que somos nosotros ( los abogados) (…) nuestras peticiones no son escuchadas y no tenemos buen diálogo con el Poder Judicial”.
