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Procesarán a los vendedores ilegales de combustible en Encarnación

Luego de la marcha en reclamo por no dejarlos trabajar, se presentó en fiscalía el pedido de los datos de estos vendedores. Desde Paraguay afirman que "estas personas se encuentran trabajando normalmente, se puede observar cómo la gente oferta combustible a menor costo".

6 abril, 2023
EN LA CALLE. Los puestos de venta de combustible están distribuidos en todos los barrios de Encarnación y en las rutas de acceso a la ciudad. (Foto Gentileza ABC Color)

EN LA CALLE. Los puestos de venta de combustible están distribuidos en todos los barrios de Encarnación y en las rutas de acceso a la ciudad. (Foto Gentileza ABC Color)

A dos días de la protesta de los vendedores informales de combustible de Encarnación (Paraguay) que salieron a reclamar por los controles y decomisos de gasolina sufridos en las últimas horas por parte de la Dirección Nacional de Aduana de Paraguay, la venta de combustible en las calles volvió a la normalidad.

Esta actividad comercial fuera de regulación se sustancia del combustible argentino que es cruzado al menudeo desde la apertura del Puente Internacional San Roque González, luego de la pandemia de COVID-19. La diferencia cambiaria beneficia a la moneda paraguaya (guaraní) respecto al peso argentino.

En una protesta que fue catalogada como “insólita”, los vendedores ambulantes de combustible que están fuera de toda norma e institucionalidad, exigieron a los organismos de control que no los controlen apelando a su “derecho a trabajar”.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la radio de PRIMERA EDICIÓN, el periodista encarnaceno Cristian Garay detalló que la protesta fue encabezada por “un grupo de personas que se dedican a la venta de combustible traído desde Posadas a Encarnación en vehículos de pequeño porte, que bloquearon la ruta nacional Paraguay 01, a muy pocos kilómetros de la salida a Encarnación en dirección a Asunción”.

Según detalló el comunicador, “cuestionan que el Municipio de Encarnación haya pedido a las autoridades de la Aduana y de la Fiscalía de Paraguay para comiencen los decomisos de los combustibles que se vendan de manera irregular en las calles de la ciudad”.

 

Denuncia penal

Además, precisó que se presentó una denuncia penal contra personas anónimas ante la Fiscalía para que, una vez que se realicen estas intervenciones en los puestos de venta de combustibles callejeros, se pueda tomar las identidades de esas personas para que sean procesadas por la venta ilegal y contrabando de combustible.

“La medida fue impulsada por una concejal de la Junta Municipal y, lógicamente, fue rechazada por este sector que se dedica a la venta irregular de combustible que decidió cortar la ruta. Exigen que no les pongan trabas a su trabajo y, en su defecto, que les garanticen otra actividad laboral que les permita sostener a sus familias”, relató.

Pese a los decomisos, los puestos de combustibles en las rutas PY 01 y PY 06, las calles de Encarnación, plazas e incluso en algunas viviendas familiares, continúan trabajando normalmente.

 

El gran problema social de fondo

No se trata solo de rotular con etiquetas a las personas que cruzan a Posadas para comprar combustible y venderlo en Paraguay. Es tan generalizada esta práctica en Encarnación que hay entre cuatro y cinco puestos por cada cuadra.

“Es una problemática social que, a mi entender, debe ser abordada desde el Gobierno nacional. No defiendo el contrabando pero la realidad es que en cada barrio de Encarnación podemos ver cuatro o cinco puestos de venta de combustible por cuadra, a veces en la calle, en kioscos u otros comercios, en viviendas, también hay puestos o mini estaciones de servicio en la ruta… ya ni le temen a los propietarios de estaciones de servicio porque incluso se instalan cerca y claramente hacen una competencia desleal contra las estaciones de servicio que tributan, generan mano de obra y cumplen los requisitos de seguridad”, analizó Garay.

En este contexto, admitió que el comercio informal de combustible “fue una salida económica para una ciudad cuya actividad comercial entró en una profunda crisis durante los dos primeros años de la pandemia”.

 

Colapso de las estaciones de servicios

La venta callejera de combustibles provocó el colapso de más del 70% de las estaciones de servicios de Encarnación y se perdió más de un centenar de puestos de trabajo en blanco.

“La venta de combustible en las estaciones de servicios se redujo un 90% desde la apertura del puente internacional. Por eso, las estaciones que aún no cerraron redujeron su personal, si antes tenían tres trabajadores hoy solo tienen uno que cubre desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, que es el horario de atención al público”, describió el periodista para quien más del 70% del parque automotor encarnaceno se mueve con combustible proveniente de Argentina.

No es casual que para cruzar a Posadas, la fila de vehículos supere siempre los tres kilómetros y “muchos de ellos cruzan para abastecerse de combustible y poder vender durante la Semana Santa”, indicó al tiempo que precisó que llenar el tanque en Paraguay cuesta el doble que en Argentina.

Una persona que hace tres viajes diarios logra un promedio de 140 litros de combustible para vender en la calle, “siempre si traen en el tanque común, no modificado”.

Tags: combustibleEncarnaciónProcesamientoventa ilegal
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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