Las comunidades guaraníes Ka’a Kupe, Ka’a Poty y Koẽ’ Ju que habitan la zona del Valle del Cuña Pirú, junto al Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPa) llevan adelante una demanda al Estado provincial para que este último le conceda la titularidad de una cierta porción de tierras.
En concreto se trata de unas 12 mil hectáreas de monte nativo que hace miles de años son habitadas por comunidades mbya y que, en su gran mayoría son propiedad nominal de CARBA SA, una empresa forestal que, en anteriores ocasiones, se hizo conocida por sus atropellos a la comunidad guaraní.
De resultar la demanda a favor de las comunidades guaraníes sería un episodio histórico para la provincia ya que, si bien en el 2018 la Universidad de La Plata tuvo que devolver territorio a las comunidades guaraníes tras una demanda, es la primera vez que va dirigida al Estado provincial.
Así lo explicó Roxana Rivas, la abogada que lleva adelante las causas de las comunidades mbya, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
“La demanda se inicia a raíz de una serie de conflictos que se fueron agudizando en ese territorio con la empresa CARBA. Vimos que con el relevamiento territorial del (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) INAI no estaba alcanzando para que se respeten los derechos sobre ese territorio, y la única alternativa es la titularización; como ya lo tuvimos con las tierras que antes eran de la Universidad de La Plata que tuvo que reintegrar más de seis mil hectáreas del Valle del Cuña Pirú”, explicó.
Cabe aclarar que el Relevamiento Territorial, que hace referencia la abogada, es una medida establecida en el marco de la Ley 26.160 que tiene por finalidad demarcar y relevar el territorio que ocupan las comunidades indígenas del país de forma pública. Es así que el Valle del Cuña Pirú es una de las áreas reconocidas por el INAI como territorio ancestral. Mediante ese reconocimiento, “las comunidades pueden moverse tranquilamente en esas tierras más allá que convivan con titulares dominiales. Y también tienen derecho a defender el monte”, explicó la letrada.
En ese marco, según lo explicó Rivas, desde el 2017 CARBA venía vulnerando el derecho de los guaraníes que vivían en la zona, valiéndose del permiso de “uso sustentable del monte”, ingresando a talar árboles sin su permiso y conocimiento, comunicando sus acciones mediante edictos (inaccesibles por el idioma para las comunidades) y otras acciones orientadas a que los mbya no puedan protestar ante el avance de la empresa forestal en las tierras declaradas ancestrales.
“Si bien en esta disputa territorial reconocemos el derecho ancestral superior, en cuanto a estatus, también reconocemos que éstos conviven con otras personas que también tienen derechos. En esta contienda la idea no es que los indígenas peleen con los propietarios sino que el Estado provincial se haga cargo de solucionar esta cuestión ”, explicó Rivas. A su vez, aclaró que el documento también cita a los propietarios dominiales para que participen y comparezcan en sus derechos.
De salir la demanda en favor de los mbya, “ellos tendrían un pleno derecho de la propiedad y se excluiría a los demás titulares dominiales”, señaló. Una propiedad que guarda diferencias con la propiedad privada convencional ya que se basa en un régimen especial, por el cual el territorio está libre de impuestos, no puede negociarse, ser embargado o vendido.
Es decir, “le daría a los mbya pleno derecho sobre esas tierras y la garantía que eso no se va a perder en el tiempo”, afirmó la abogada.
No obstante, todo eso no significa que los titulares dominiales como CARBA sean despojados de su propiedad, sino que el Estado debe compensarle por esas tierras, o buscar la forma de armonizar los derechos.
“La idea es que todo esto se resuelva sin la necesidad de llegar a una sentencia, proponemos audiencias previas y que podamos negociar ahí, porque son muchos los titulares dominiales y algunos están desaparecidos, es decir, no están ejerciendo ningún derecho sobre ese territorio, no sabemos ni siquiera si están vivos”, explicó la abogada.
De no haber acuerdo, la demanda podría tardar años en resolverse porque, según lo señaló Rivas, son acciones inéditas que no se ven comúnmente en los juzgados. Sin contar el hecho que, como el Estado es el demandado, los plazos son aún más largos.
Un antecedente positivo para los guaraníes
En otro punto de la entrevista Rivas explicó que si bien sería un hecho histórico, si la demanda resulta a favor de las comunidades mbya, “en la provincia los pueblos indígenas están obteniendo titularización, no es una fantasía, es algo que se puede”.
En ese punto recordó que en el año 2018 la Universidad de La Plata debió reintegrar unas 6.400 hectáreas de tierras del Valle del Cuña Pirú a las comunidades. Dicha institución académica había recibido en la década del 60 esas hectáreas por donación.
Si bien cuando se inició la demanda a la Universidad de La Plata el panorama era más difícil, ya que aún no estaba vigente la normativa de relevamiento territorial del INAI, “la posición ética de la universidad era insostenible”, explicó la abogada.
Es así que, “ahora nos toca transitar este camino pero con la provincia. Sabiendo también que la presencia de las comunidades nos garantizan la preservación de los montes”, finalizó Rivas.
