Una mujer de 46 años, acusada de abusar de al menos seis menores que estaban a su cuidado en un hogar de Puerto Rico, irá a juicio desde el próximo martes 11 de abril, según fuentes judiciales.
El debate está previsto llevarse a cabo en dos jornadas en el Tribunal en lo Penal 2 de Posadas. La imputada fue detenida en diciembre de 2019 por orden del juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, tras una meticulosa investigación que llevó meses y que incluyó, entre otras medidas, numerosos testimonios.
Sin embargo, la pesquisa se inició un mes antes, con la denuncia de una psicóloga y docente que trabajaba con niños y adolescentes de un hogar de esa localidad. Desde ese momento, la involucrada, quien ofició de “madre sustituta” en dicho lugar, estuvo bajo la lupa de la Justicia.
La causa avanzó y, con las pruebas recabadas, se pudo saber que varios menores fueron víctimas de abusos y maltratos. Finalmente, la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, a cargo de Héctor Daniel Simon, giró el expediente al Juzgado con la requisitoria para que sea elevado a debate.
Los hechos
La mujer es una ama de casa que se domiciliaba en Puerto Rico y que comenzó a trabajar en el hogar para cubrir el puesto ante la ausencia de la persona titular. Si bien los casos ocurrieron en un lapso que abarcó varios meses de 2018, más de un año después, cuando la acusada no estaba en la institución, salieron a la luz por la citada denuncia que radicó la psicóloga y docente.
Una vez al tanto de ello, el juez Balanda Gómez ordenó la detención de la mujer. Fue luego de una serie de pericias y de la Cámara Gesell, que confirmaron que la sospechosa había sometido a tormentos a los menores, que tenían entre 13 y 16 años. Como pasó el tiempo y tal vez al intuir que la mujer ya no iba volver, los menores comenzaron a perder el temor a las amenazas proferidas por la “sustituta”.
Cuando hablaban con la docente (que luego hizo la denuncia) comenzaron a “soltarse” y relataron las situaciones padecidas: dijeron que fueron sometidos a golpes y maltratos de todo tipo en diferentes situaciones cotidianas, inclusive a la hora de ingerir alimentos. También experimentaron situaciones de índole sexual, a las que eran obligados los adolescentes: les decía que se sacaran la ropa y los incitaba a tener relaciones.
Registros fílmicos
Según el expediente, la imputada tomaba registros fotográficos y hasta fílmicos de las mencionadas acciones. Por esta cuestión en particular, cuando se disparó la investigación, se ordenó un allanamiento en la vivienda de la sospechosa, donde incautaron teléfonos celulares y una computadora que fue sometida a pericias para hallar material probatorio de esos dichos.
La “tía”
En Cámara Gesell, todos los relatos fueron coincidentes acerca de las irregularidades que ocurrieron en el Hogar mientras “la tía” (como le decían las víctimas) trabajó allí. Esto fue fundamental para que a la mujer se le dictara la prisión preventiva.
Cuando fue citada a indagatoria por el juez de la causa, declaró y negó todas las acusaciones. Por otra parte, la investigación descubrió la situación polémica y hasta grave respecto a la labor de la sospechosa en esa institución: estaba a cargo de un grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad y desamparo sin ser docente, cuestión que agravó aún más su proceso.
En dicho lugar, los adolescentes quedan en situación de internados y reciben alimentos, educación e incluso apoyo psicológico. Nada de eso adquirieron por parte de la imputada, según las pruebas que obran en el expediente.
La carátula con la que llegará a debate refiere “corrupción de menores agravada, varios hechos en concurso real previsto y penado por el artículo 125 tercer párrafo del Código Penal Argentino; englobado en la Ley 26061 de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en función del artículo 55 del mencionado cuerpo legal y en carácter de autora”, según las fuentes.
