Hace aproximadamente 15 días que se encuentra detenida. Tiene 42 años y ocasionalmente oficiaba de cuidadora de menores en un hogar de niños de Puerto Rico.
Luego de la denuncia de una docente que trabaja en el lugar, y ya con firmes indicios, la Justicia la imputó del delito de “corrupción de menores”. A través de fuentes del caso, PRIMERA EDICIÓN pudo averiguar que la acusada los obligaba a cometer “actos sexuales” no sólo en el hogar, sino también en su propio domicilio.
El hecho se mantuvo con hermetismo durante varias semanas, hasta que, finalmente, una pericia de Cámara Gesell realizada a algunos de los adolescentes que tenían entonces entre 13 y 16 años, confirmaron las sospechas. Los jóvenes relataron que la mujer, en base a amenazas, los obligaba a participar en situaciones sexuales, mientras filmaba todo lo que ocurría.
El juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, recibió la denuncia de la docente a fines de noviembre de 2019. De forma inmediata ordenó que se llevaran a cabo medidas de prueba. Una de las más importantes fue citar a las víctimas para escuchar su testimonio en Cámara Gesell.
Cuando ellos confirmaron que habían sido obligados por la mujer a situaciones que pusieron en peligro el normal desarrollo sexual, ordenó la detención de la responsable y la imputó por el delito de “corrupción de menores”.
En un allanamiento al domicilio de la detenida, le secuestraron aparatos electrónicos como ser computadoras y celulares, los cuales fueron sometidos a pericias.
Fuentes judiciales consultadas por PRIMERA EDICIÓN creen que en esos equipos hay fotografías y videos de los adolescentes en situaciones sexuales a las que fueron sometidos. Además, buscan saber si estos registros habrían sido compartidos a terceros. De confirmarse esto, su situación procesal se agravaría aún más.
Según se desprende de la investigación que publicó en exclusiva este Diario, la mujer que prestaba servicios de “madre sustituta” lo hacía a modo de suplente, cuando alguna docente titular no podía cubrir sus labores por algún motivo.
Se trata de una vecina de Puerto Rico, que por los datos recabados gozaba de una buena consideración en el pueblo, hecho que le permitió el ingreso en el Hogar para cuidar a niños y adolescentes.
Tan buena era su imagen pública que, según trascendió, tenía intenciones (si es que ya no había iniciado los trámites), de solicitar la adopción de dos niños. Con esta denuncia y su detención, dicho pedido podría caerse definitivamente.
El caso se maneja con gran celo porque los involucrados eran todos menores de edad al momento de los hechos y algunos lo siguen siendo ahora.
Según el relato de las víctimas, todo habría sucedido durante algunos meses del año 2018, cuando los adolescentes que estaban al cuidado en la institución no eran más de ocho. De todos ellos, entre cuatro y seis habrían sido los que fueron sometidos por la mujer.
Al no haber sido todos los internos los corrompidos, el secreto se mantenía entre los participantes, siempre bajo intimidaciones por parte de la adulta. Esto no le habría resultado difícil aplicarlo, porque se trataba de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, sin otro lugar en el cual alojarse y sin familiares a quienes recurrir.
Otro dato relevante de la pesquisa revela que la mujer se constituía en espectadora de los manoseos a los que incitaba a los chicos. En Cámara Gesell, los obligados a los mencionados actos dijeron que se negaban a hacerlo, pero la acusada insistía en base a amenazas. Ni ella ni terceros participaban activamente de esas situaciones.
Ante el juez
En su oportunidad, durante la indagatoria ante el magistrado Balanda Gómez, la detenida optó por declarar y se dijo inocente, negó todos los cargos en su contra.
Uno de las primeros interrogantes que tuvo la Justicia es el motivo de la presencia de la mujer en dicho hogar, a cargo de un grupo de jóvenes y sin ser docente.
No obstante ser suplente, al ejercer como madre sustituta haciendo las veces de encargada de los adolescentes, agravó la figura penal por la cual se le dictó la prisión preventiva. Cabe recordar que la defensa de la mujer detenida solicitó la prisión domiciliaria, alegando cuestiones de salud, pedido que era evaluado por el Juzgado a cargo del caso.
El hogar donde ocurrieron parte de los abusos es muy reconocido por su labor y, en las inspecciones realizadas por los investigadores judiciales del caso denunciado, se habría comprobado el buen desempeño general de la institución. En dicho sitio los adolescentes quedan en situación de internados y reciben alimentos, educación e incluso apoyo psicológico.
