Los años pasan, los presidentes de la Nación también y ninguno ha sabido reparar lo que se viene quitando a Misiones históricamente de coparticipación federal. No es inédito ni sorprendente que la tierra colorada siga relegada en el esquema de distribución de la Casa Rosada al último lugar del NEA.
Aún cuando los datos del último censo de población y vivienda de 2022 mostraron que Misiones es la provincia con mayor cantidad de habitantes de la región.
Pero, ayer, se dio a conocer otra insólita y lamentable decisión política del gobierno de Alberto Fernández: no cumplir con los pactos firmados para la transferencia desde la ANSeS a la Provincia para el financiamiento de la caja previsional no transferida a la Nación en tiempos del menemismo.
A la titular de la Administración de la Seguridad Social, Fernanda Raverta, “se le olvidó” transferir el anticipo de enero de este año y al superministro Sergio Massa también se le pasó la actualización de los montos tal como se pactó con los mandatarios provinciales, para evitar una demanda en la Corte Suprema de Justicia.
Ese dinero es nada menos que para garantizar los pagos en tiempo y forma de los haberes previsionales de jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS). Que, a su vez, sirven para el sostenimiento de la obra social provincial que da cobertura de salud a miles de misioneros.
Mientras se esperan estas dos decisiones políticas que afectan directamente los recursos de este año de Misiones, la Provincia espera que ANSeS suscriba acuerdos por tres años de los que no hay ni noticias de pago (2019, 2020 y 2021).
Son miles de millones de pesos que le corresponden a los misioneros, de los tantos fondos que la distribución “federal” omite mes a mes y que deberían llegar a esta jurisdicción. Pero que el gobierno de Alberto Fernández los utiliza, incumpliendo acuerdos suscriptos por sus funcionarios, sin ninguna explicación que valga.
