El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes ratificó ayer a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que intervienen en el juicio por presuntos sobornos provenientes del narcotráfico a funcionarios del Juzgado Federal 1 de esa ciudad, en tanto que el ministerio público denunció al abogado Aníbal Ibarra por revelar la identidad de un testigo protegido, informaron fuentes judiciales.
Los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), el misionero Manuel Alberto Jesús Moreyra y Rubén Quiñónez (Formosa), que subrogan el Tribunal Federal de Corrientes, rechazaron por unanimidad el pedido de recusación formulado por Ibarra contra los fiscales de Procunar Diego Iglesias y Martín Uriona y que intervienen como coadyuvantes en el debate que se le sigue al exjuez Carlos Soto Dávila, exfuncionarios, abogados y narcotraficantes de Itatí.
Con nombre y apellido
En su pedido de recusación, Ibarra había denunciado que los fiscales “pactaron con un supuesto narcotraficante para camuflarlo” como testigo, reservando su identidad y solicitando que se lo convoque a declarar por un sistema digital, con pantalla apagada y la voz distorsionada.
El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esa audiencia, celebrada el miércoles 1 de febrero, mencionó al testigo con nombre y apellido y reclamó por qué los fiscales no lo imputaron si aparecía mencionado en escuchas telefónicas de la mega causa Sapucay por narcotráfico agravado desde la localidad correntina de Itatí.
Por haberlo individualizado y revelar su nombre y apellido, los fiscales denunciaron penalmente a Ibarra y revelaron en la audiencia del jueves pasado que debió activarse un mecanismo de protección al testigo y a toda su familia en Corrientes.
“Show”
“Puso en peligro la integridad física de la persona mencionada y de su familia”, sostuvo Iglesias en su descargo, en el que calificó como “un circo, un show mediático” el planteo que había hecho Ibarra, quien defiende al exsecretario del Juzgado Federal 1 de Corrientes, Federico Grau, mano derecha del ahora exjuez Carlos Soto Dávila.
El representante de la Procunar enumeró los riesgos que a su entender desencadenan acciones como la revelación de nombres de testigos de identidad reservada así como mencionó que un hombre fue procesado en la Justicia Federal por amenazas agravadas contra un funcionario de la fiscalía federal.
Se trata de una persona al que Iglesias vinculó en una relación de amistad con el ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, imputado en esta causa como supuesto integrante de la asociación ilícita investigada por presuntas maniobras de cohecho.
El caso fue abierto en octubre de 2022 según reveló el titular de Procunar, quien profundizó al informaron que llegó a instancia de procesamiento en el estrado atendido por el juez Juan Carlos Vallejos.
Diego Iglesias cuestionó además los riesgos de las estrategias que plantean “algunos defensores” que intervienen en el polémico debate y mencionó que mientras transcurren las audiencias fue procesado un amigo del exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone -también imputado en este juicio- por amedrentar a un empleado de una fiscalía al que señaló como parte responsable de la instancia penal por la que atraviesa el exfuncionario.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
