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Las estaciones de servicio podrían dejar de aceptar pagos con tarjetas de crédito

Hoy la comercialización de combustibles tiene un margen de rentabilidad muy bajo, por lo que también piden revisar la comisión que se cobran por las ventas operadas en los puntos de carga.

17 diciembre, 2022

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) confirmó que las estaciones de servicio de todo el país advirtieron que podrían dejar de aceptar pagos con tarjetas de crédito debido a la baja rentabilidad.

La entidad reclama establecer un plazo de 48 horas para el pago de la acreditación y reducir a más de la mitad el porcentaje de las comisiones fijadas por las compañías emisoras de los plásticos.

“Esta situación podría dejar a las estaciones de todo el país en la urgente decisión de operar sólo con efectivo y tarjetas de débito”, subrayó la entidad sectorial.
A través de un comunicado, CECHA recordó que ya hubo “sucesivos reclamos y un fallo judicial de por medio a favor” y que el nuevo sistema que proponen “ya sucede en países como Brasil, Chile y Uruguay, donde operan emisoras de tarjetas de crédito similares”.

“Nosotros estamos un 30% por debajo de la inflación con un margen miserable del 15% y además de eso con un costo operativo de las tarjetas de crédito de locura. En todos los países limítrofes las tarjetas de crédito pagan el 0,5% y le acreditan a las 48 horas, solamente en Argentina (…) nos pagan a las dos semanas y encima nos cobran el triple, el 1,5%” había indicado en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Faruk Jalaf, titular de la CESANE

Todo esta situación hace que las estaciones de servicio, especialmente las más chicas, estén en una situación crítica porque no pueden mantener la operatividad, cada vez se van quedando con menos productos.

De acuerdo con el sector de las estaciones de servicio, hoy la comercialización de combustibles tiene un margen de rentabilidad muy bajo, por lo que también piden revisar la comisión que se cobran por las ventas operadas en los puntos de carga, donde junto con los impuestos oscilan entre el 1,5 y el 1,8%, mientras que en los países limítrofes es del 0,5 %.

A mitad de noviembre, las estaciones de servicio obtuvieron un fallo judicial favorable en primera instancia en la provincia de Santa Fe, logrado por la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI), una de las principales cámaras integrantes de CECHA. De esa forma, la Justicia provincial ordenó la reducción del arancel a 0,5% y el reintegro a tres días.

Hoy, el porcentaje que las emisoras cobran a las estaciones de servicio las transforman en socios mayoritarios. El arancel se cobra sobre el total del combustible, representando además más del 50% del impuesto que se recauda para el fisco. “En un país inflacionario como la Argentina, claramente es incomprensible que se acredite recién a los 10 días, que en la mayoría de los casos termina siendo en 15”, se quejaron.

A las actuales condiciones financieras, se suman las negociaciones paritarias y los altos costos de operación, lo que ponen en riesgo la subsistencia de numerosas estaciones en la Argentina. “Hoy estamos al borde de una situación insostenible que puede transformarse en irreversible para casi el 50% de las estaciones cuyas ventas se encuentran debajo de su punto de equilibrio”, planteó CECHA.

Con el fallo judicial de Santa Fe, la cámara sectorial reclama a los legisladores la modificación de la Ley de tarjetas para establecer como tope el 0,5% del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzcan a 48 o 72 horas. “Sin tener posibilidades de solución inmediata, nos vemos obligados lamentablemente a dejar de vender combustibles con tarjetas de crédito”, advirtieron.

Fuente: Noticias Argentinas 

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Tags: CECHAConfederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y AfinesPagos con tarjetas de crédito
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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