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El Impuesto a las Ganancias para los jueces es “inconstitucional”

Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, explicó a FM de las Misiones que la Constitución "no puede reformarse por una ley inferior". Consideró además que nadie debería pagar ganancias "porque el salario no es una ganancia"

25 octubre, 2022

La Cámara de Diputados de la Nación se encuentra debatiendo el Presupuesto 2023, donde nuevamente se reflotó la discusión sobre la posibilidad de que los funcionarios judiciales paguen el Impuesto a las Ganancias, una cuestión que podría quedar en la nada ya que el kirchnerismo no contaría con los votos suficientes.

De todas maneras, si el proyecto fuera aprobado por el Ejecutivo estaría destinado al fracaso, ya que “hay una norma constitucional que habla de las compensaciones por los servicios de los jueces, y que ésta no podrá ser disminuida de manera alguna. Así lo dice el artículo 110 de la Constitución Nacional“, señaló Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de Misiones.

Asimismo, remarcó que dicho artículo, al encontrarse dentro de la Constitución Nacional “no puede reformarse por una ley inferior, así que va a correr esa suerte (ser considerada anticonstitucional)“.

“Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que se aplicaría para los nombramientos a partir de la vigencia de esta ley, porque las leyes no pueden aplicarse retroactivamente“, agregó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

A título personal, ya que el Colegio aun no ha tratado la temática, Orbe opinó que nadie debería pagar dicho impuesto, al considerar que el salario en sí no es una ganancia. “Yo creo que se abre una discusión donde podemos llevarla a que si el impuesto a las Ganancias sobre un haber del trabajador es correcto o no, si es justo o no“.

“Lo primero que se dice es que la remuneración no es ganancia, entonces si partimos de ese concepto, nadie debería pagar ganancias, en cuanto sea un trabajador remunerado, que trabaje en relación de dependencia y que tenga un sueldo. Si me preguntas a mí, yo estoy más por esa postura que por otras“, continuó.

 

Conflicto entre política y justicia

Por otra parte, Orbe consideró que el foco de estas discusiones pasa por una cuestión de ideología política, y el enfrentamiento que se viene sosteniendo entre el Kirchnerismo y la Justicia Federal. “En la medida que se judicialice la política siempre va a haber conflicto“, dijo.

“Hay que tener algo muy en cuenta, el Poder Judicial, en el Sistema republicano de Gobierno, de división de poderes que tenemos, es un contra poder, controla a los demás poderes, tiene esa muy importante función dentro de este esquema tripartito de división de poderes“.

“El conflicto está en que la política hace varios años se judicializa continuamente, y entonces cuando se decide en contra de los intereses del gobierno de turno, aparecen estos conflictos, y yo creo personalmente que la discusión está enmarcado en eso“, señaló en relación al conflicto con la vicepresidenta.

Asimismo, indicó que “hay otras urgencias” a debatir en el país, y que esta cuestión, “realmente esto no le va a cambiar la vida a la gente, al menos en lo inmediato“.

“La gente está preocupada por el aumento de los comestibles, del transporte, de la indumentaria, es decir, está padeciendo otras inclemencias, y realmente esto demuestra la lejanía que tiene la política con las urgencias y la necesidad de la gente“, cerró.

Tags: Colegio de Abogados de MisionesFernando OrbeFM 89.3Impuesto a las Ganancias
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El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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