La Corte Suprema evalúa fijar la semana próxima una posición institucional frente al proyecto de ley de Presupuesto que incluye el pago de jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales del impuesto a las Ganancias.
Los 4 jueces del alto tribunal interpretan el proyecto que los incluye en el pago de Ganancias -como a cualquier otro trabajador de altos ingresos- como una “avanzada” del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.
En ese contexto, citan la modificación al sistema de jubilaciones “que causó múltiples renuncias”, los reproches a la continuidad del procurador general interino Eduardo Casal y el proyecto para ampliar el número de jueces de la Corte.
El alto tribunal no puede avanzar en una resolución judicial puesto que todavía no hay un “caso” sobre el cual pronunciarse.
Pero los cortesanos analizaron una postura institucional ante una situación probablemente en ciernes y pronosticaron que una eventual sanción de la inclusión de ellos en Ganancias a través de la Ley de Presupuesto “se judicializará de inmediato”.
Para los jueces, la situación se insinúa como de mayor complejidad porque la iniciativa comprende también a funcionarios de las justicias provinciales. En ese contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de Presupuesto que contempla una vez más que jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
“Intangibilidad”
La entidad que los nuclea manifestó el viernes mediante un comunicado “su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.
En rigor, la Constitución prevé la “intangibilidad” de los salarios de los magistrados, y la exención del impuesto a las Ganancias es una decisión de la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Menem.
El organismo que aglutina a funcionarios judiciales de alto rango advirtió sobre “la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento”.
“El salario no es ganancia ni un privilegio”, sostiene el documento, firmado por el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi.
La gremial de trabajadores UEJN, encabezada por Julio Piumato, convocó a un paro para el próximo 25 de octubre con la consigna “el salario de los/as trabajadores/as no es ganancia. Que la crisis la paguen los que la generaron”.
“Es un ataque a la Justicia”
El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, consideró que el intento de que los integrantes del Poder Judicial paguen Ganancias “es un ataque a la Justicia y viene del Congreso”.
“Por supuesto que nos oponemos. Siempre nos opusimos. No sólo que no pague el Poder Judicial, sino que ningún trabajador tiene que pagar un impuesto que está concebido como un impuesto al trabajo. La naturaleza del trabajo es alimentaria, no es un concepto de ganancias”, sostuvo el sindicalista.
En declaraciones radiales, el secretario de Derechos Humanos de la CGT afirmó que la iniciativa del Frente de Todos “es un ataque a la Justicia y viene del Congreso”.
Apoyo de todos
“En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirá dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento”, dice el artículo incluido en el dictamen.
“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana $2 millones y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. Esto es un privilegio inaceptable”, planteó el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto.
Según detallaron, el costo fiscal de la exención de Ganancias a jueces es de $237.850 millones para 2023.
“Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, coincidió el diputado Itaí Hagman del Frente Patria Grande.
La propuesta fue bien recibida por los bloques de la UCR, Evolución y el PRO.
“Apoyamos absolutamente la propuesta que hizo el diputado Casaretto, creo que habría que instrumentarlo con todos los resguardos para que se pueda hacer”, afirmó Lisandro Nieri, de la UCR.
