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San Vicente 2023: presupuesto de $1.512 millones y 30% de aumento de tasas

El monto para el año próximo duplica al que inició 2022 que era de $715 millones, por mayor recaudación a causa de la inflación. La Unidad Fiscal arrancó en $80, hace dos meses pasó a $100 y se pide que tenga un valor de $130 en el proyecto.

15 octubre, 2022

El Ejecutivo Municipal de San Vicente presentó en el Concejo Deliberante los proyectos de ordenanzas de Presupuesto e Impositiva para el año 2023.

El cálculo de gastos y recursos alcanza la cifra de 1.512 millones de pesos, en tanto que la Ordenanza impositiva prevé un aumento del 30% en el valor de la Unidad Tributaria que comenzará a regir desde el primero de enero. La Unidad Fiscal o Tributaria (UF) se usa para aplicar tasas, multas y cobros y actualmente vale $100 pesos.

Los proyectos serán analizados por los concejales primero en la comisión de Presupuesto y luego en una sesión ordinaria.

Podrían incorporar algunas modificaciones, pero la mayoría oficialista no ha tenido esa licencia en los últimos años por lo que, se estima, serán aprobados casi en la misma forma en que llegaron.

Según señaló el intendente Rodríguez, dueño de una importante cadena de supermercados y hoteles, entre otros negocios privados, “las erogaciones corrientes representarán un 84,79% del presupuesto, del cual 38,44% se destinará a personal. Las erogaciones de capital (bienes de capital y obras públicas) representan un 15,21%”.

El presupuesto que solicita el intendente renovador, Fabián Rodríguez, que había llegado a ese cargo por el Partido Agrario y Social, literalmente duplica al que pidió para el ejercicio 2022, que había sido aprobado por los ediles en la suma de 715 millones de pesos, pero hace un mes se amplió por inflación y mayor recaudación llegando hasta los 1.208 millones.

Comparado con el número final que llega el gasto de 2022 considerando la última ampliación, el presupuesto para 2023 tiene sólo un 25% de aumento.

En ese momento se informó que el municipio sanvicentino tenía superávit en sus cuentas y eso le permitía aumentar el presupuesto interanual en un 62%. Sin embargo, no era una cuestión exclusiva o extraordinaria de San Vicente, sino que es producto de la mayor recaudación que están teniendo todas las administraciones municipales, provinciales y nacional a raíz de la inflación que se acercaría a los 90 puntos en el año.

En valores nominales el crecimiento alcanza casi 80 por ciento en el ingreso de fondos a las arcas del Estado pero en valores reales, descontando la inflación, el crecimiento se ubica entre 5 y 10 puntos y está relacionado a un despegue económico de muchas actividades tras la pandemia.

 

Aumento de tasas

Un tema central que genera expectativa en los sanvicentinos es el proyecto de la Ordenanza Impositiva.

El año pasado se aprobó un fuerte aumento a las tasas municipales, por un lado en el aumento de la Unidad Tributaria y por otro en la cantidad de UF que se aplican como tasa o multa a cada una de las actividades o sanciones.

Para 2023 se prevé un nuevo incremento, pasando cada UF de un actual valor de 100 pesos a 130 pesos. En 2022 había comenzado con un valor de 80 pesos cada UF, pero hace dos meses se incrementó a 100.

En este sentido, la ordenanza impositiva le permite al Intendente incrementar el valor de las Unidades Tributarias cuando considere necesario, sin necesidad de pasar por el control o aprobación de los concejales.

El proyecto de ordenanza impositiva enviado para el año 2023 también deja abierta la posibilidad de hacer convenios de pagos a deudas vencidas e impagas hasta en veinticuatro cuotas.

Y establece la posibilidad de incorporar promociones para los que cumplan con el tiempo y forma del pago de sus obligaciones y con el pago por adelantado de las tasas con descuentos a los montos fijados por el Código Fiscal. En un año electoral seguramente el intendente Rodríguez hará uso de estas facultades para repartir beneficios a los contribuyentes buscando votos para su reelección.

Tags: Fabián RodríguezMisionesPresupuesto 2023San Vicente
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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