“Acá no hay división de poderes, acá tiene que haber gobernabilidad” dijo con voz desafiante el secretario de Gobierno de Garupá, José Peralta, mano derecha del intendente Luis Ripoll, a los concejales en el recinto del Concejo Deliberante local. Las palabras fueron en medio de una tensa discusión entre tres funcionarios del Ejecutivo Municipal acompañados por un grupo de remiseros y del lado de enfrente los ediles.
El tema que agitó los ánimos fue la incorporación de un proyecto de ordenanza, que recién estaba tomando estado parlamentario ese día, el pasado 6 de octubre, y ni siquiera había tenido tratamiento en Comisión. Se pretendía mediante la iniciativa del vicepresidente del cuerpo, Miguel Rauber (FR), establecer lineamientos, requisitos y obligaciones para el funcionamiento de dispositivos tecnológicos en los vehículos que hagan el servicio de transporte, como el caso de Uber.
En medio de la sesión los funcionarios del intendente llegaron acompañados por unos 20 remiseros, interrumpiendo la sesión y pidiendo explicaciones de porqué no se le había informado al intendente sobre esa iniciativa.
En ese momento intervino el concejal radical Gustavo Ernst para intentar poner paños fríos y explicar que se trata de una iniciativa que recién se incorporaba al Concejo, que ni siquiera había tenido su análisis y que no había motivos para informar al intendente debido a que el Concejo es un poder legislativo independiente que puede tomar sus propias decisiones y sancionar ordenanzas sin la necesidad de acordar con el Poder Ejecutivo Municipal.
Ahí fue cuando Peralta respondió que “acá no hay división de poderes” con tono amenazante y dando a entender que la visión política del Ejecutivo es que el Legislativo debe estar sometido.
Consultado por PRIMERA EDICIÓN, Ernst indicó que “no se entendió bien el motivo de esa visita porque era un proyecto que no estaba siendo tratado, y tampoco se entiende la postura de los funcionarios que supuestamente acompañaron a los remiseros”.
“Peralta dice que el Ejecutivo no estaba al tanto del proyecto y que la división de poderes no existe, que le tenemos que dar gobernabilidad”, recordó.
“Me parece grave institucionalmente que un funcionario diga eso, entiendo que lo pueda decir alguien que desconoce el funcionamiento pero es el Secretario de Gobierno, tengo entendido que está estudiando abogacía y asesora al intendente en muchas cuestiones legales”, advirtió el edil.
La cuestión se descomprimió después de que varios remiseros se expresaron en contra del proyecto, apoyados por el Secretario de Gobierno, y se les aclaró que iban a ser escuchados en el eventual momento que sea analizado.
Otros cruces entre poderes
No fue el primer cruce que han tenido en los últimos meses el Ejecutivo y el Deliberativo de Garupá.
En la misma sesión, los ediles redoblaron la apuesta y volvieron a insistir con una ordenanza para impedir que el intendente contrate nuevos empleados sin la autorización del Concejo Deliberante.
Esa ordenanza ya había sido sancionada pero Ripoll la vetó. Ahora los concejales la volvieron a aprobar porque “dicen que no hay fondos para mejorar el salario de los trabajadores, entonces tiene que dejar de sumar empleados al municipio”, dijo otro concejal consultado.
Los ediles ratificaron su decisión de que el Ejecutivo se abstenga de nombrar más empleados públicos porque las arcas fiscales no llegan a cubrir la demanda salarial. Alrededor del 70% de los recursos coparticipables que recibe Garupá va a sueldos.
En los últimos meses el intendente vetó tres ordenanzas de los concejales y la tensión entre los poderes ha venido creciendo. No sería sorpresa otra escalada en 2023 teniendo en cuenta las elecciones a intendente y concejales y que varios de los ediles estarían en carrera para competir con Ripoll.
