Una joven de 21 años que fue drogada, embriagada y sometida sexualmente en su departamento en Jardín América, durante la madrugada del sábado 5 de septiembre de 2020, no podrá celebrar el Día de la Madre del domingo próximo con su mamá porque uno de sus dos presuntos victimarios estará en la misma localidad pasando música contratado por el mismo pub en el que se inició su calvario hace 25 meses.
El hijo de un exintendente de General Urquiza acusado y excarcelado bajo fianza (hace tres meses) mientras se resuelven medidas en torno a la elevación a juicio del expediente en manos del juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, por “abuso sexual agravado con acceso carnal”, notificó que el próximo sábado 15 y domingo 16 de octubre estará en Jardín América porque fue solicitado por los dueños de un pub céntrico para pasar música o trabajar como “disc jockey”.
La víctima de los abusos reside actualmente, estudia y trabaja en Posadas y no podrá ir a visitar a su madre y festejar, porque el imputado con prohibición de acercamiento estará a pocos metros del domicilio de su familia en Jardín América.
Esta causa tiene además un prófugo desde que se inició la investigación, primo y de la misma edad del excarcelado.
PRIMERA EDICIÓN consultó a fuentes vinculadas al expediente y pudo confirmar la notificación del encartado, quien también fijó domicilio en esta capital provincial, pero que llamativamente podrá viajar y “pinchar discos” en el conocido local bailable jardinense, que en plena pandemia y antes del abuso sexual denunciado fue noticia por no respetar las disposiciones del protocolo de aislamiento social y obligatorio.
Beneficios de la ley
Tal como lo publicó este Diario el 2 de julio, el hijo de un exalcalde de la localidad vecina a Jardín América, fue excarcelado a finales de junio por el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez con la exigencia de medio millón de pesos de caución y que fije arraigo con la dirección de la vivienda donde se alojará.
De inmediato se efectivizaron los pedidos y la casa donde determinó arraigo está en Posadas, pero también llamativamente a pocas cuadras de la vivienda de los abuelos de la víctima, donde la joven buscó cobijo cuando padecía la persecución de familiares y allegados de los dos sospechosos del delito para que retirara la denuncia.
Resta resolverse
El beneficio fue recurrido ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores por los abogados querellantes Hugo Zapana y Martín Tilli, quienes en su presentación remarcaron la decisión del fiscal de Instrucción de Jardín América, Jorge Francisco Fernández, quien opinó oportunamente que “no debería hacerse lugar a la solicitud de excarcelación y el cese de prisión preventiva en atención a que la calificación del delito investigado es ‘abuso sexual agravado con acceso carnal’ (artículo 119, tercer párrafo, en concordancia con el cuarto, inciso D, del Código Penal Argentino) y que la vinculación con el delito que se le reprocha al imputado constituye un parámetro al que debe atenderse al momento de resolverse la procedencia del beneficio solicitado imponiendo siempre la necesidad de tener en cuenta el daño que genera este tipo de delito a las víctimas (…)
Estas circunstancias resultan suficientes para mantener el encierro preventivo del encartado, además de los elementos claros y datos concretos para presumir que intentará eludir la acción de la Justicia y poner en riesgo a la víctima, familia y bienes”.
“Hay peligro cierto y no aparente de que el causante podría intentar eludir a la Justicia evitando cumplir con los actos procesales dispuestos sobre su persona y en especial la pena que podría caberle”.
Para Zapana y Tilli, la prisión preventiva estaba aún vigente porque el joven, hasta el momento de la excarcelación, llevaba un año, nueve meses y 24 días detenido y acusado de “abuso sexual agravado con acceso carnal”, cuya expectativa de pena supera los ocho años de cárcel efectiva.
Destacaron en su apelación que el joven excarcelado podrá entablar contacto con el prófugo y que juntos “pueden interferir la acción de la Justicia”.
Además existe riesgo de fuga y tampoco el vencimiento del plazo de prisión preventiva es inminente porque el máximo es de dos años y prorrogable por un año más.
“Además el cómputo del tiempo que realizó el juez no comprende el tiempo sufrido por la víctima. Quien todavía debe esconderse del entorno del acusado y el prófugo”.
“Cada día más dolor”
La joven víctima dialogó ayer con este medio y remarcó su asombro y miedo por la libertad “total” con la que puede moverse uno de presuntos agresores.
“Ya uno con poder está prófugo, ahora el otro con impunidad puede estar cerca de mi familia”, dio.
“Estudio y trabajo hace dos años y debo esconderme. Junté dinero para poder ir a comer con mi madre en su día y ahora no puedo ir a visitarla”.
“Para defenderme sólo tengo un número que me dieron en el Juzgado de Puerto Rico cuando me notificaron la excarcelación del imputado. Sólo me dijeron ‘si te pasa algo llamá a este teléfono, si te pasa algo o se te acerca‘. Es decir, la única seguridad que tengo en el mundo es un papelito con un número. Ellos (los abusadores) sí están en sus casas tranquilos y yo no sé qué me puede pasar. Es horrible, constantemente con miedo hace dos años ya. Acosaron a mi familia, me amenazaron de muerte a mi y yo no puedo ver a mi madre”.
