La Cooperativa de Servicios Públicos de esta localidad reclama desde hace varios años al Municipio local el pago de una abultada deuda por servicios de energía, agua y cloacas, que ya entró en etapa judicial. Como respuesta, desde la Comuna se ordenó días atrás un allanamiento en la sede de la entidad.
El gerente general de la cooperativa, Gonzalo Cabral aseguró a PRIMERA EDICIÓN que la medida habría sido ordenada en respuesta a un planteo de pago dirigido a la Municipalidad y habría incluido el retiro de una serie de documentaciones.
A decir de Cabral, fue un “operativo violento e innecesario porque nunca nos negamos a entregar todo lo que se nos requiriera por medio de la Justicia”.
El gerente de la empresa atribuyó lo sucedido a una serie de reclamos que la cooperativa viene realizando a la Comuna, tales como una deuda que superaría los $35 millones por los servicios públicos que provee.
“Nuestro organismo es prestador de agua, cloaca y energía a la Municipalidad y hace cinco años que el intendente no nos paga y en la actualidad la deuda asciende a más de 30 millones de pesos”, se explayó.
Según Cabral, “por una cuestión de normativas locales, a los cinco años de la existencia de una deuda, la cooperativa está obligada a hacer la presentación judicial, ya que no hubo forma de llegar a un acuerdo con la Comuna, y desde entonces comenzaron los problemas”.
“Por si fuera poco, este año el Municipio rechazó un pedido de tarifa de cloacas, porque ellos son los concedentes”, aclaró.
“A principio de años presentamos nuestro pedido de un incremento del 32% y, por una cuestión que pensamos nosotros es de perjuicio hacia la cooperativa, nos rechazan de plano, cuando por ejemplo este mismo año en concepto de tasa de servicios aumentaron a los vecinos cerca de 150%. Entonces, no tiene lógica el rechazo. Para nosotros es claramente una cuestión de animosidad por este tema del juicio de cobro de deuda”, manifestó.
Para poner al tanto a los vecinos y clientes, la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro emitió un comunicado a través del cual cuestionó la forma en que se desarrolló el allanamiento en la sede de la entidad.
La acción despertó la solidaridad de la UCR de esa ciudad, desde donde se expresó “extrema preocupación por lo sucedido en la Cooperativa de Servicios Públicos”. A lo que agregaron que “esta situación se analizará” y adelantaron que en base a eso se expedirán institucionalmente.
“Nosotros siempre vamos a estar en defensa de los intereses del pueblo de Virasoro y a favor de la convivencia democrática y respetuosa de todas las instituciones locales”, concluyeron.
Rechazo
Entre otras cuestiones en las que fundamenta las controversias surgidas a partir del reclamo de pago, también mencionó la cooperativa el rechazo de un pedido de concesión de una obra de cloacas y la presentación que hizo el Ejecutivo ante el Concejo para que se avance en la aprobación de creación de un impuesto que deberá pagar sólo la cooperativa.
“Entendemos que es para recaudar y no pagar la deuda y entonces nos pone esta tasa que es distorsiva”, prosiguió Cabral.
“Cuando la entidad se presenta a la licitación, se desestima nuestra propuesta porque en el sobre estaba impreso el logo”, contó.
Y finalmente el gerente solicitó: “No se nos deja continuar con el proceso de licitación y la obra se le entrega a una empresa de Buenos Aires, la cual tampoco reunía las condiciones que marca la normativa. Hemos pedido que se haga un nuevo llamado y se dé la oportunidad a la empresas locales para participar”.
“Están haciendo todo de forma violenta”
“Todas las cuestiones que venimos reclamando como cooperativa responden a intereses de la institución. El reclamo del pago de la deuda está en la vía judicial. Lo mismo se hizo tras el rechazo a participar de la licitación”, explicó el gerente general Gonzalo Cabral sobre la controversia más reciente.
“Luego de ello, fuimos blanco de un allanamiento por orden de una jueza subrogante para acceder a los libros del Consejo de Administración. La verdad es que de entrada nos llama la atención que se haya otorgado la medida de un día para el otro y cuando pedimos que se nos expliquen los motivos del allanamiento no quisieron hacerlo y nos pedían acceder a los libros. Algo que finalmente hicieron con la presencia de un cerrajero y custodia policial”, amplió.
Y argumentó: “Consideramos que están haciendo las cosas de forma violenta y arbitraria. Si bien es cierto que se contaba con la autorización judicial, se manejaron de la forma más irrespetuosa”.
