Buscar transparencia en la gestión. Es lo que el gobernador Oscar Herrera Ahuad ha expresado como objetivo frente a los cambios que ha generado en empresas y organismos con cajas importantes hasta el momento.
La diferencia con Aguas Misioneras SE (AMSE, que explota la marca “Aguas de las Misiones”) es que el Gobierno fue a la Justicia con una demanda penal. Aunque podrían seguir otras en otros fueros, tras las lapidarias auditorías realizadas a la gestión de Jorge Galeano al frente del directorio.
Desde que llegó a la Gobernación, Herrera ha planteado organismos y sectores que no informaron gestión, a pesar de los requerimientos. El primer mandatario provincial se ha encontrado con funcionarios que no transparentaban su accionar frente a quien la ciudadanía había depositado la confianza del manejo de los recursos públicos.
En consecuencia, con el correr de los meses, los cambios se hicieron efectivos, la información (aunque demostraron serias falencias de acuerdo a las auditorías) ha aparecido y servido para actuar.
Ahora, es el turno de la Justicia que deberá moverse para que la transparencia no quede en un mero declaracionismo.
La denuncia penal por el escándalo de las Aquacoins están en manos del juez de Instrucción 3, Fernando Verón, quien estuvo de turno en agosto (dado que el escrito ingresó el 30 del mes pasado). Este magistrado y la fiscal Adriana Herbociani serán los que deban mostrarle a la sociedad misionera que hay compromiso en que esta cuestión no quede archivada en un cajón de la sede judicial.
Celeridad es difícil de pedir a la Justicia misionera. Antecedentes sobran de la lentitud. Pero, la máxima aspiración que se puede tener en la ciudadanía es que tarde o temprano se haga justicia. Que este Poder del Estado haga honor a su nombre y les permita a los misioneros saber si hubo o no delitos y responsables de los mismos.
