Los marcados problemas operativos y regulatorios que se presentan para aprobar las resoluciones con los nuevos valores y la amenaza latente de demandas judiciales de las entidades de usuarios que reclaman la realización de audiencias públicas van camino a postergar los ajustes tarifarios y el recorte de subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas que deberían entrar a correr desde la próxima semana.
Sin admitirlo, por el momento, de manera oficial, los funcionarios de la Secretaría de Energía que conduce la salteña Flavia Royón han comenzado a delinear una suerte de “plan B” al ver que se acortan los plazos y resulta cada vez más complicado llegar con todos los deberes hechos antes del 1 de septiembre. Esa fue la fecha fijada para la aplicación de la primera tanda de aumentos para los usuarios residenciales de altos ingresos que perderán la totalidad de los subsidios y los hogares de clase media cuyas demandas superen los límites de consumos mensuales que se mantendrán bonificados.
Tras haberlas desestimado con el argumento de que las realizadas antes de que se fuera Martín Guzmán para tratar los alcances del esquema de segmentación sirven de cobertura y respaldo; ahora las autoridades de Energía tienen en carpeta convocar a nuevas audiencias públicas para explicar hasta dónde llegarán y cómo se instrumentarán los cambios e incrementos tarifarios en juego para la luz y el gas.
Con el llamado a audiencias públicas, Royón apuntaría a un doble objetivo. Por un lado, ganar tiempo para salir del atolladero en que se metió el Gobierno al anunciar a las apuradas un paquete de aumentos y quita de subsidios sumamente engorroso para los usuarios y extremadamente complejo de instrumentar para las distribuidoras eléctricas y gasíferas.
Y, por otro lado, evitar los casi seguros amparos judiciales que están a la vuelta de la esquina para frenar los aumentos por no haber cumplido con las normas vigentes y el fallo de la Corte contra la administración macrista de 2016 que dejó en claro que los usuarios deben tener acceso a una información previa y veraz sobre los ajustes tarifarios.
En el caso de AySA, donde los incrementos de tarifas por la pérdida de subsidios comenzarán a correr recién a partir de noviembre, el Ministerio de Obras Públicas comandado por Gabriel Katopodis también seguiría el mismo camino con la convocatoria a una audiencia pública específica para los primeros días de octubre.
La señal concreta de que las entidades de usuarios se aprestan a judicializar los aumentos si no hay audiencias públicas le llegó al Gobierno en las primeras horas del lunes.
Un grupo de 31 asociaciones de usuarios y consumidores le reclamaron por nota directamente al ministro de Economía y nuevo hombre fuerte del Gobierno, Sergio Massa que se convoque a audiencias públicas antes de aplicar el nuevo esquema de segmentación y ordenamiento tarifario.
“Dicho ordenamiento implicaría topes al consumo en gas natural y energía eléctrica con quita de subsidios para el excedente y un plan de segmentación para aguas y desagües que no formaron parte de las audiencias celebradas en mayo de 2022”, advirtieron los directivos de las entidades de usuarios.
La nota remitida a Massa destacó que “en los casos del gas y electricidad, los criterios de consumo fueron descartados por la propia Secretaría de Energía en el informe técnico elaborado para dicha audiencia, donde también se explicó que por el decreto 332/2022 los usuarios de los sectores medios y bajos no iban a tener nuevos incrementos en las facturas durante el resto del año”.
Para reforzar el pedido de audiencias públicas, las entidades defensoras de los consumidores le recordaron al ministro el fallo de la Corte que estableció que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. Es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.
De la confusa e incompleta presentación de los aumentos tarifarios que efectuaron la semana pasada el equipo energético de Royón y la titular de AySA, Malena Galmarini, lo que había quedado, más o menos, en claro fueron cinco puntos salientes.
• Los hogares que pierdan los subsidios pasarán a pagar las tarifas plenas con aumentos del 150% en AySA entre noviembre y mayo; del 167% en el gas y de hasta el 250% en el servicio eléctrico entre septiembre y enero.
• Para la mayoría de los usuarios del servicio eléctrico que lograron conservar los subsidios, regirá a nivel nacional un límite de consumo mensual de 400 kWh. Superada esa marca, cada kWh excedente se facturará con la tarifa plena. En el caso de las provincias del NOA y NEA, ese tope de consumo bonificado será de 550 kWh.
• A diferencia del servicio eléctrico, donde el tope es uniforme, en el gas los límites para mantener los subsidios se establecieron teniendo en cuenta las “subzonas tarifarias y las distintas categorías de usuarios según sus niveles de consumo”. Técnicamente lo que seguirá con subsidios será “el volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimos y máximos de consumos de cada categoría y lugar”.
• Por el lado de las facturas de AySA, los aumentos se basarán en un criterio geográfico que diferenciará tres zonas donde no habrá ningún tope de consumo subsidiado. Los hogares de las zonas de “alto valor” perderán la totalidad de los subsidios en noviembre. En tanto, en las zonas de valores “medios y bajos” se quedarán sin subsidios en forma gradual entre noviembre y mayo de 2023.
• En los tres servicios, las únicas personas que seguirán conservando los subsidios serán quienes perciben planes sociales, jubilaciones mínimas y quienes se encuadran dentro del “régimen de tarifa social”.
Escollos para la luz
Cuando comenzaron a analizar la forma de trasladar los aumentos en juego a las facturas finales, tanto los técnicos de la Secretaría de Energía, como sus colegas del ENRE y el Enargas se toparon con varios escollos operativos y contramarchas que todavía no han podido superar.
En el caso de las boletas de luz, inicialmente Royón y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, habían anunciado inicialmente que, al igual que los hogares de mayores ingresos, consorcios de edificios y las PyMEs comerciales e industriales iban a perder los subsidios y pasarían a pagar las tarifas plenas con subas escalonadas de hasta el 250%. Ante las quejas de las cámaras comerciales y la presión de las provincias, los funcionarios abrieron la puerta para revisar ese criterio y analizar las situaciones particulares y sectoriales donde se registren problemas.
Además, con los gobiernos provinciales existe otra cuestión clave pendiente. Se trata de los convenios específicos que Energía tiene que suscribir con los entes reguladores para llevar adelante la quita de los subsidios eléctricos a los usuarios residenciales del interior.
Hasta que no se aprueben y se pongan en ejecución esos convenios, la Nación no podrá remitirles a las distribuidoras provinciales y cooperativas del interior los listados de las personas que deben pagar la tarifa plena, quiénes tendrán parte de sus consumos subsidiados y quiénes seguirán manteniendo bonificaciones.
Qué dificulta las subas del gas
Los obstáculos surgieron por el intrincado esquema para los topes de consumo que diseñó Federico Bernal, el exinterventor del Enargas antes de asumir en su nuevo cargo de subsecretario de Hidrocarburos.
Cada una de las ocho categorías en que están encuadrados los usuarios residenciales tiene un límite anual de consumo específico que se va distribuyendo por mes de una manera no uniforme y variable según los cambios estacionales.
Hasta ahora, ninguna distribuidora eléctrica ni gasífera ha recibido informaciones e instrucciones de los entes reguladores acerca de los nuevos cuadros tarifarios y los pasos que deberían seguir para la eliminación escalonada de los subsidios.
Tanto desde Adeera (la entidad que agrupa a las operadoras eléctricas), como desde Adigas (la asociación de las distribuidoras de gas) ya les hicieron saber a los funcionarios que la adecuación de los sistemas informáticos de facturación no se puede hacer de un día para otro y que los cambios tarifarios en danza demandarían en la práctica no menos de 45 días.
Fuente: iprofesional.com
